La Comisión Federal de Electricidad informó inversiones para ampliar la cobertura eléctrica mediante el Programa de Justicia Energética y fortalecer la infraestructura nacional. Al mismo tiempo, diversas regiones de México mantienen interrupciones recurrentes del suministro, especialmente en zonas con redes de distribución envejecidas.
CDMX — La política de infraestructura eléctrica impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza sobre tres frentes simultáneos: llevar electricidad a comunidades que históricamente carecieron del servicio, fortalecer la capacidad para nuevos polos industriales y modernizar las redes de distribución. Sin embargo, mientras estos programas avanzan, numerosas ciudades y regiones serranas continúan enfrentando interrupciones frecuentes del suministro eléctrico, particularmente durante la temporada de lluvias.
Como parte del Programa de Justicia Energética, la CFE informó que durante 2026 ha ejercido una inversión superior a 1 mil 167 millones de pesos, con la conclusión de 2 mil 939 obras de infraestructura que permitieron incorporar al servicio eléctrico a más de 63 mil habitantes. La estrategia busca reducir el rezago histórico en comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas mediante la ampliación y modernización de la red nacional.
El programa contempla una planeación de mayor alcance para el periodo 2025-2028. De acuerdo con la empresa pública, se proyectan 42 mil 221 obras de electrificación en las 32 entidades federativas, con una inversión superior a 18 mil 916 millones de pesos, financiada principalmente mediante el Fondo de Servicio Universal Energético, administrado por la Secretaría de Energía. Para 2026 están programadas 8 mil 225 obras, con recursos por 2 mil 726 millones de pesos y la incorporación de 84 mil 400 nuevos usuarios. La meta gubernamental consiste en alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99 por ciento al cierre de 2028.
En paralelo, la infraestructura destinada al desarrollo económico también continúa expandiéndose. En San José Chiapa, Puebla, el Gobierno estatal construye una subestación eléctrica con una inversión de 591 millones de pesos, diseñada para abastecer durante los próximos 30 años al Polo de Desarrollo para el Bienestar, la industria del Café y Maíz del Bienestar y la futura planta de baterías de litio Olinia. La instalación tendrá capacidad de 60 Megavolts Amperes y podrá triplicar el suministro eléctrico de la zona mediante sistemas de operación remota.
Mientras estos proyectos avanzan, la confiabilidad del servicio continúa siendo motivo de reclamos en diversas regiones del país. Durante las últimas semanas se documentaron interrupciones del suministro, variaciones de voltaje y protestas ciudadanas en al menos 20 entidades federativas. Las afectaciones abarcan estados como Tabasco, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Puebla, donde autoridades locales, sectores productivos y habitantes han atribuido los problemas al incremento de la demanda, el envejecimiento de transformadores y las condiciones de las redes de distribución.
El caso de Puebla ilustra dos escenarios distintos dentro de una misma entidad. Mientras la región de San José Chiapa concentra infraestructura para atender la expansión industrial, municipios de la Sierra Norte, como Huauchinango, registran apagones recurrentes durante la temporada de lluvias debido a daños en transformadores y líneas de distribución. En estas comunidades el desafío no consiste en incorporar nuevos usuarios al sistema eléctrico, sino en garantizar la continuidad y estabilidad del servicio para quienes ya cuentan con conexión.
Frente a estas afectaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que el país dispone de capacidad suficiente para generar electricidad y que las interrupciones obedecen a fallas en la distribución. La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, también ha señalado que el sistema cuenta con una capacidad instalada superior a los 70 mil megawatts, por encima de la demanda máxima prevista.
Los programas de electrificación, la expansión de infraestructura para nuevas inversiones y la modernización de las redes responden a objetivos distintos dentro de la política energética nacional. El desempeño de estas estrategias podrá medirse no sólo por el número de nuevas conexiones o de obras ejecutadas, sino también por la capacidad de reducir las interrupciones que continúan afectando a comunidades donde el acceso a la electricidad ya existe, pero su suministro permanece vulnerable.
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