PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El Gobierno de Puebla soltó un comunicado que suena a promesa de campaña: condena la violencia, rechaza la justicia por propia mano, promete investigar y castigar. Las palabras son correctas, impecables, perfectas para un boletín de prensa. Pero las palabras, en política, son el traje que se pone la inacción para no salir desnuda. Porque el linchamiento de Juan Felipe N. en la carretera federal a San Juan Amecac no ocurrió en un vacío institucional. Ocurrió porque el vacío institucional ya existía.
La multitud que golpeó, roció con combustible y prendió fuego a un hombre por unas llantas usadas no actuó en un arrebato espontáneo. Actuó porque sabía —o creía saber— que el Estado no llegaría a tiempo, que la policía no llegaría, que la justicia no llegaría. Y tenía razón. Los cuerpos de seguridad pública aparecieron cuando el fuego ya se había apagado y el cuerpo ya no tenía signos vitales. La Fiscalía llegó para levantar el cadáver, no para salvar una vida. La prevención, ese concepto que los gobiernos mencionan en sus planes pero nunca ejecutan, brilló por su ausencia.
El comunicado del gobierno estatal corrige el municipio: no fue en Atzitzihuacán, sino en Cohuecan. Un detalle geográfico que revela la distancia entre el escritorio de los funcionarios y el territorio donde la violencia se vuelve cotidiana. Pero la corrección no cambia el fondo del asunto: un hombre murió quemado mientras las autoridades locales y estatales miraban hacia otro lado. Y ahora, después del escándalo mediático, el gobierno promete "no habrá impunidad". Como si la impunidad no fuera precisamente el clima que permitió que el linchamiento ocurriera.
El posicionamiento oficial no menciona ni una sola medida preventiva. No habla de fortalecer la seguridad en los municipios de la región, no habla de campañas de concientización contra la justicia popular, no habla de mejorar la respuesta policial ante conflictos comunitarios. Solo condena, promete investigar y se despide. Es el manual del buen funcionario que quiere aparecer en la foto sin ensuciarse las manos. Pero la foto ya está tomada y en ella aparece un hombre carbonizado, no un comunicado bien redactado.
Alejandro Armenta, como gobernador, tiene la obligación de no solo condenar, sino de prevenir. De entender que el linchamiento es el síntoma de una enfermedad más profunda: la desconfianza en las instituciones. Pero en lugar de diagnosticar la enfermedad, el gobierno se limita a recetar un comunicado. Y los comunicados, como se ha visto en Puebla, no apagan incendios ni devuelven vidas.
El caso de Juan Felipe N. ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Pero la justicia que se aplica después del crimen no es justicia, es reparación tardía. El Estado llegó tarde para evitar el linchamiento, llegó tarde para salvar una vida, llegó tarde para proteger a un ciudadano. Y ahora, cuando finalmente habla, lo hace para prometer que no habrá impunidad. Pero la impunidad más grave no es la de los linchadores, sino la de un Estado que permite que la violencia supla su ausencia.
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