Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, fue detenido como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde Carlos Manzo. Tras su captura, volvió a difundirse información sobre la trayectoria política de su hermano, Roldán Álvarez Ayala, militante de Morena y exalcalde de Apatzingán. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido responsabilidad penal alguna a Roldán Álvarez.

ATOTONILCO, JALISCO. — La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, reavivó el interés público sobre los vínculos familiares del presunto líder de Los Rs, célula criminal identificada por las autoridades como afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los datos que nuevamente circulan destaca que su hermano, Roldán Álvarez Ayala, mantiene una trayectoria en la política michoacana. De acuerdo con registros públicos, fue presidente municipal de Apatzingán, ocupó cargos durante las administraciones estatales encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, se afilió a Morena en marzo de 2023 y participó como candidato a diputado local por representación proporcional en los procesos electorales de 2018 y 2024. También ha sido identificado como consejero estatal de ese partido.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado que Roldán Álvarez Ayala sea investigado o imputado por los hechos atribuidos a su hermano. La relación de parentesco entre ambos está documentada; sin embargo, las investigaciones dadas a conocer por las autoridades se centran exclusivamente en Ramón Ángel Álvarez Ayala y en las personas presuntamente involucradas en el homicidio de Carlos Manzo.

Asimismo, no existe información oficial que respalde la afirmación de que “R1” sea un "chivo expiatorio". Esa hipótesis no ha sido sustentada por resoluciones judiciales ni por investigaciones de las autoridades competentes. El proceso penal continúa y corresponderá a las instancias judiciales determinar la responsabilidad de los imputados conforme al debido proceso.

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