El Instituto Registral y Catastral, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Policía Municipal de Chignahuapan coordinaron la detención de un servidor público por presuntos actos de corrupción en servicios catastrales. El funcionario fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras se abren procedimientos administrativos internos.
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. — En Chignahuapan, el Estado hizo lo que debía hacer: detuvo a un servidor público por corrupción. La operación, ejecutada en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, derivó en la captura de un funcionario señalado por su probable participación en actos irregulares relacionados con la prestación de servicios catastrales. El comunicado oficial, que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, anuncia además la vista al Órgano Interno de Control y el seguimiento administrativo correspondiente.
La detención en Chignahuapan demuestra que las instituciones pueden funcionar cuando hay voluntad política y coordinación interinstitucional. Los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y los órganos autónomos— actuaron en conjunto para poner un alto a una práctica que, según las autoridades, condicionaba trámites públicos al pago de dádivas. Esa coordinación es precisamente la que brilla por su ausencia en otros municipios del estado. Y esa ausencia es la que permite que la corrupción se enquiste mientras las denuncias ciudadanas se acumulan sin respuesta.
El hecho de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno haya participado activamente en la detención es un dato relevante. La dependencia, que suele moverse en el terreno de los comunicados y las declaraciones, esta vez pasó a la acción. Pero una acción aislada no hace una política. La ciudadanía de Chignahuapan —y la de todo el estado— necesita saber si esta detención es el inicio de una depuración sistemática o un acto aislado destinado a aparecer en los titulares. La historia de Puebla está llena de operativos que prometen ser el comienzo de una nueva etapa y que terminan siendo el único capítulo de una serie que nunca se estrena.
El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto a disposición de la autoridad competente. Esa discreción es comprensible durante la etapa de investigación, pero también genera incertidumbre. Los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son los funcionarios que han sido detenidos y cuáles son los mecanismos que permitieron que la corrupción operara en el ámbito catastral. La transparencia, en este caso, no es un lujo: es una necesidad para reconstruir la confianza.
El Instituto Registral y Catastral y la Secretaría Anticorrupción han reiterado que ningún trámite o servicio público debe estar condicionado al pago de beneficios indebidos. La declaración es tan obvia como necesaria. Pero la corrupción en los servicios catastrales es apenas una manifestación de un problema más amplio que afecta a todo el estado. La detención en Chignahuapan debería ser el punto de partida para una investigación que explore si esta práctica se repite en otros municipios. Porque la corrupción, como la humedad, no se queda en una sola pared.
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