La Dirección de Ecología de Tehuacán clausuró parcialmente tres lavanderías industriales por contaminación y falta de permisos, tras inspecciones que la titular Paola Rojas Diego aseguró no ser selectivas y basadas en denuncias ciudadanas. Los sellos cayeron sobre equipos que vertían aguas residuales sin tratamiento en las juntas auxiliares de San Lorenzo y San Diego Chalma. Pero mientras Ecología aprieta el tornillo a los negocios de lavado, el alcalde Alejandro Barroso sigue sin resolver el tarifazo que ahoga a los ciudadanos. ¿Qué sigue? ¿No bañarse? La ironía es tan gruesa como el agua sucia que algunas empresas prefieren no tratar.
TEHUACÁN, PUEBLA. — Paola Rojas Diego, titular de Ecología en Tehuacán, salió a dar la cara con una noticia que, en cualquier municipio normal, sería rutinaria: tres lavanderías industriales clausuradas parcialmente por contaminación y falta de permisos. Pero en Tehuacán, donde el agua es el tema que mantiene a los ciudadanos en las calles, la noticia suena a cortina de humo. Porque mientras la funcionaria asegura que las inspecciones no son selectivas y que cada clausura está respaldada por denuncias, el alcalde Alejandro Barroso sigue sin dar la cara por el tarifazo que encareció el agua potable y que los ciudadanos le reclaman desde hace semanas.
Las clausuras —parciales, no totales— se aplicaron principalmente a equipos industriales que presuntamente vertían aguas residuales sin tratamiento. Los dueños tienen un plazo para presentar documentos; si no lo hacen, los sellos se mantendrán y las sanciones llegarán. La medida, en principio, es loable. El problema es que el gobierno municipal que hoy clausura lavanderías por contaminación es el mismo que no ha podido explicar por qué el recibo del agua se disparó para las familias de Tehuacán. Es el mismo que, hace unas semanas, inauguraba albergues a puerta cerrada mientras los ciudadanos protestaban afuera. La coherencia no es el fuerte de esta administración.
Las inspecciones se realizaron en las juntas auxiliares de San Lorenzo y San Diego Chalma, donde, según la funcionaria, las empresas ahorran costos manteniendo apagadas sus plantas de tratamiento o simplemente no las tienen. Ese ahorro, sin embargo, se traduce en contaminación y en un daño ambiental que los ciudadanos pagan con su salud y su entorno. La decisión de clausurar es correcta, pero no puede ser la única acción. El gobierno de Barroso tiene la obligación de ir más allá: regular, supervisar y, sobre todo, garantizar que las empresas cumplan sin necesidad de que los ciudadanos tengan que denunciar para que el Estado actúe.
La titular de Ecología llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier posible caso de contaminación, preferentemente con evidencias. El llamado es bienvenido, pero también es una confesión: la dependencia no tiene la capacidad de monitorear por sí misma; necesita que los ciudadanos hagan el trabajo de vigilancia que el gobierno debería hacer. La denuncia ciudadana es un complemento, no un sustituto de la inspección regular. Pero en Tehuacán, como en muchos municipios poblanos, la participación ciudadana se ha convertido en el reemplazo de la acción estatal.
La ironía final no es menor: mientras Ecología persigue a las lavanderías que contaminan, el problema del agua potable sigue sin resolverse. Las lavanderías industriales son un problema ambiental, sí, pero el agua que ocupan los ciudadanos es un problema de justicia social. Y en ese frente, Barroso sigue ausente. La pregunta que los ciudadanos de Tehuacán se hacen es legítima: ¿Por qué el gobierno puede clausurar una lavandería en días y no puede resolver el tarifazo en meses? La respuesta, probablemente, es que una clausura da una foto. Pero cuidado porque un tarifazo no da votos.
El gobierno municipal tiene la oportunidad de demostrar que las clausuras no son un acto aislado ni una cortina de humo. Si realmente quiere combatir la contaminación, debe hacerlo con un plan integral que incluya el agua potable. Pero mientras Barroso siga escondido detrás de los comunicados de sus funcionarios, los ciudadanos seguirán preguntándose si la clausura de las lavanderías es una acción de gobierno o una maniobra de distracción. El tiempo y las siguientes inspecciones lo dirán. Por ahora, el agua sigue cara y la confianza sigue baja en Tehuacán.
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