El anteproyecto presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no constituye una ley de censura ni implica, por sí mismo, un mecanismo para revisar previamente los contenidos que transmiten radio y televisión. Sin embargo, sí representa un cambio importante en la forma en que el Estado mexicano entiende su papel frente a los contenidos informativos y abre un debate que podría extenderse, en el futuro, hacia otros medios y plataformas digitales.
Un derecho que nació en la Constitución
Los derechos de las audiencias fueron incorporados al marco constitucional mediante la reforma en telecomunicaciones de 2013. Posteriormente fueron desarrollados en la legislación secundaria de 2014, que estableció obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, incluyendo la existencia de defensorías de las audiencias y códigos de ética.
En 2017, diversas disposiciones fueron modificadas y varios de esos mecanismos desaparecieron. Años más tarde, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó parte de aquellas reformas al considerar que existían irregularidades en el procedimiento legislativo.
Ahora, con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el gobierno federal busca restablecer y reglamentar nuevamente estos derechos mediante lineamientos elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), actualmente sometidos a consulta pública.
¿Qué propone realmente el proyecto?
El documento establece un procedimiento escalonado para atender las inconformidades de las audiencias.
En primer lugar, cualquier persona podrá presentar una queja ante la Defensoría de las Audiencias del medio correspondiente. La defensoría solicitará información al concesionario, analizará el caso y emitirá una resolución o recomendación dentro de un plazo determinado.
Si el medio acepta la recomendación, el procedimiento concluye.
Si la recomendación no es atendida y la persona considera que persiste la vulneración de sus derechos, podrá acudir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual podrá intervenir y, únicamente como última instancia, imponer medidas administrativas que incluyen sanciones económicas.
Es decir, el procedimiento no contempla una revisión previa de los contenidos antes de su difusión. El debate se centra en la revisión posterior de la actuación del concesionario.
La mayor parte de la polémica no gira alrededor de las multas, sino del lenguaje empleado en el anteproyecto.
Entre las obligaciones previstas aparece el deber de evitar la difusión de "información falsa", "información descontextualizada" o "información histórica presentada como actual", además de garantizar que las audiencias puedan distinguir claramente entre hechos, opiniones y publicidad.
Estos principios responden a objetivos legítimos relacionados con el derecho a la información. Sin embargo, diversos especialistas advierten que expresiones como "información veraz" o "descontextualizada" son conceptos jurídicos abiertos cuya interpretación puede variar dependiendo del caso concreto.
En el ejercicio cotidiano del periodismo, una investigación puede modificarse conforme aparecen nuevos elementos, una fuente puede rectificar información previamente proporcionada o una autoridad puede negar inicialmente hechos que más tarde resultan acreditados. Por ello, algunos expertos consideran indispensable que cualquier regulación defina con precisión sus alcances y establezca criterios objetivos para evitar interpretaciones discrecionales.
La declaración que amplió el debate
Durante la presentación del anteproyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la propuesta únicamente alcanza a los concesionarios de radio y televisión debido a las facultades legales de la CRT.
No obstante, también señaló que en el futuro podría discutirse si mecanismos similares deberían aplicarse o no a la prensa escrita y a las plataformas digitales, temas que, dijo, permanecen abiertos al debate público.
Esa declaración modifica el alcance político de la discusión.
Si bien la propuesta actual no regula periódicos, portales informativos, redes sociales ni servicios de inteligencia artificial, por primera vez desde el Ejecutivo federal se plantea expresamente la posibilidad de analizar un eventual marco regulatorio para esos espacios.
El desafío consiste en armonizar dos principios constitucionales igualmente relevantes.
Por un lado, las personas tienen derecho a recibir información, distinguir entre opinión y noticia, ejercer el derecho de réplica y conocer cuándo un contenido corresponde a publicidad.
Por otro, la libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen pilares esenciales de cualquier régimen democrático y exigen que las decisiones editoriales permanezcan libres de presiones indebidas por parte del poder público.
El equilibrio entre ambos principios dependerá menos de las declaraciones políticas que de la redacción definitiva de los lineamientos, de la independencia institucional de la autoridad reguladora y de los mecanismos de revisión judicial que puedan activarse frente a sus resoluciones.
Un debate que apenas comienza
El anteproyecto permanecerá en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual concesionarios, universidades, organizaciones civiles, especialistas y ciudadanos podrán presentar observaciones.
El contenido definitivo de los lineamientos podría modificarse como resultado de ese proceso.
Más allá de la discusión inmediata, la consulta abre un debate de mayor alcance: ¿cuál debe ser el papel del Estado frente a la información que reciben los ciudadanos en un entorno donde conviven medios tradicionales, plataformas digitales e inteligencia artificial?
Esa pregunta probablemente marcará una de las discusiones jurídicas y democráticas más relevantes de los próximos años.
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