El abogado y periodista Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado frente a su hijo de 13 años por dos sicarios en motocicleta. Horas antes había denunciado irregularidades en el cobro del agua y señalado al alcalde Juan Manuel Alonso Ramírez.
La mañana de este jueves, la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan, fue escenario de una ejecución que ha conmocionado a la región. Josué Martínez Contreras, abogado, docente y periodista, fue acribillado por dos sicarios en motocicleta metros antes de llegar a su domicilio, frente a su hijo de 13 años. El menor, en medio de la desesperación, llamó al número de emergencias para pedir ayuda tras ver a su padre gravemente herido. La víctima, de entre 34 y 39 años, era conocida en el ámbito periodístico como "El Jaguar" y dirigía el portal digital Noticias San Martín Texmelucan.
El homicidio de Martínez Contreras no fue un acto aislado. El periodista había denunciado amenazas aproximadamente seis meses atrás por cuestionar el "modelo de seguridad obsoleto" del alcalde de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez. Horas antes de su ejecución, publicó un video en redes sociales denunciando anomalías en el cobro del agua potable en el municipio, y señaló directamente al presidente municipal por estas irregularidades. La organización civil Artículo 19 ha exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación pronta y rigurosa sobre este homicidio.
El asesinato de Josué Martínez Contreras se suma a una larga lista de periodistas ejecutados en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En Puebla, el caso ocurre en un municipio que ya había sido señalado en el expediente de seguridad de Región Global por desapariciones, huachigas y extorsión. La ejecución de un comunicador crítico del gobierno municipal suma una dimensión política a la violencia que ya afecta a la región.
La FGE aún no ha informado sobre avances en la investigación ni ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. La comunidad periodística de Puebla ha expresado su indignación y ha exigido que el crimen no quede impune. La presión de organizaciones como Artículo 19 y la cobertura mediática del caso podrían acelerar las investigaciones, pero la impunidad en los asesinatos de periodistas en México es una constante que las autoridades deben romper.
El gobierno de Alejandro Armenta Mier enfrenta un nuevo desafío en materia de seguridad: garantizar que el asesinato de un periodista que denunció irregularidades no quede en la impunidad. La ejecución frente a su hijo menor de edad ha generado una condena generalizada, y las autoridades deberán demostrar que están dispuestas a investigar hasta las últimas consecuencias, incluso cuando los señalamientos apuntan a una autoridad municipal.


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