García Parra informó al Congreso que el cablebús costará 6,752 millones de pesos y operará en 2029. El contrato fue firmado en mayo de 2025, nueve meses antes del anuncio público y sin consulta ciudadana ni impacto ambiental concluido.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. El coordinador de gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, presentó al Congreso de Puebla el informe sobre el Sistema de Movilidad por Cable. Por primera vez en 148 días de conflicto público, el gobierno dijo cuánto cuesta el proyecto: 6,752 millones de pesos. También reveló el número del contrato: OP/LPE165/SPFA/SI-20250522. La fecha implícita en el folio es el 22 de mayo de 2025. El gobernador Alejandro Armenta Mier tomó posesión el 14 de diciembre de 2024. El contrato se firmó cinco meses después de que asumió el gobierno y nueve meses antes de que el proyecto fuera anunciado públicamente.
El sistema entrará en operación el 1 de noviembre de 2029, según el documento. Tendrá 13.6 kilómetros, 96 torres, 9 estaciones y arrancará con 152 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. La capacidad inicial será de 1,000 pasajeros por hora por sentido, con posibilidad de escalar a 2,500 conforme aumente la demanda. El informe también describe el proyecto como "atractivo turístico" para la ciudad — primera vez que ese componente aparece en un documento oficial.
El gobierno del estado firmó el contrato multianual OP/LPE165/SPFA/SI-20250522 en mayo de 2025. El proyecto fue anunciado públicamente en febrero de 2026. Entre la firma del contrato y el anuncio transcurrieron nueve meses. En ese periodo no hubo consulta ciudadana, no hubo presentación de estudios de impacto ambiental y no hubo información pública sobre el monto de la inversión.
Cuando el conflicto estalló en marzo de 2026 y las organizaciones civiles solicitaron los estudios técnicos en su primera reunión con la SMADSOT el 5 de marzo, el contrato llevaba diez meses firmado. Cuando García Parra prometió el 17 de marzo presentar el análisis final para el 30 o 31 de marzo y no lo hizo, el contrato llevaba diez meses firmado. Cuando siete marchas recorrieron las calles de Puebla exigiendo transparencia sobre el proyecto, el contrato llevaba entre diez y catorce meses firmado. El gobierno conocía el costo, el contratista y el alcance del proyecto desde mayo de 2025. Eligió no decirlo.
El análisis comparativo publicado en abril estimó el costo del proyecto entre 7,000 y 7,500 millones de pesos, basado en el costo por kilómetro de proyectos similares de Doppelmayr México en la Ciudad de México. El dato oficial es 6,752 millones — dentro del rango estimado, en su extremo inferior. La estimación fue correcta. El gobierno tardó 148 días en confirmarlo, obligado por una comparecencia ante el Congreso.
6,752 millones de pesos representan el 5.1 por ciento del presupuesto estatal de 2026 —131,365 millones de pesos, aprobado por el Congreso local. Es el dato que el gobierno nunca mencionó en cinco meses de conferencias de prensa, comunicados técnicos y reuniones con organizaciones civiles.
La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto — cuya inexistencia fue confirmada por los propios ambientalistas que salieron de la reunión con la SMADSOT el 28 de marzo — no aparece mencionada en el material disponible del informe. La cifra de árboles afectados tampoco es precisada. El informe ante el Congreso respondió las preguntas sobre costo y calendario. No respondió las preguntas sobre impacto ambiental.
El contrato lleva firmado catorce meses. Las preguntas ambientales llevan cuatro meses sin respuesta. El gobierno informó al Congreso lo que convenía informar, no a los opositores al proyecto.
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