El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue trasladado al Cefereso 1 Altiplano, en el Estado de México, tras recibir prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible dentro de una investigación de la FGR.
CDMX — La investigación federal sobre una presunta red dedicada a la introducción ilegal de combustibles a México avanzó este domingo con el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La medida se concretó luego de que un juez federal le impusiera la prisión preventiva por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
El convoy que transportó al exmandatario partió alrededor de las 09:30 horas de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Al mismo penal fueron enviados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes enfrentan las mismas imputaciones. En tanto, Guillermo de la Peña Rosales y José María de la Peña Ramos obtuvieron prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue trasladada al Centro Penitenciario Femenil Nezahualcóyotl Sur.
La acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) vincula a los imputados con la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es socio, además de agentes aduanales y otras compañías presuntamente relacionadas con la importación ilegal de combustible procedente de Estados Unidos. De acuerdo con la autoridad, la investigación deriva de operaciones de alta complejidad enfocadas en la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo.
En un comunicado, la FGR señaló: “Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”. La dependencia agregó que los involucrados presuntamente introducían combustible mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas para evadir impuestos. Asimismo, sostuvo que “estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, mientras el proceso judicial continúa bajo la conducción de las autoridades federales.
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