En medio del debate por las inundaciones en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta abrió un frente inesperado al mencionar la explosión en Tepeaca y cuestionar a los ayuntamientos por permitir construcciones sobre ductos de combustible. El señalamiento, coloca en el centro del escrutinio la responsabilidad municipal en la prevención de siniestros y reaviva la pregunta sobre quién autoriza y quién fiscaliza el uso de suelo en zonas de alto riesgo.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Mientras el agua aún no se seca en la zona metropolitana de Puebla, Alejandro Armenta decidió cambiar el canal. En medio de su defensa por las inundaciones, el gobernador soltó una bomba que hasta entonces había pasado desapercibida en el expediente de siniestros: la explosión de Tepeaca. "¿Quién da los permisos de construcción? Los ayuntamientos", dijo, con la intención de desplazar la culpa hacia los municipios. Pero al hacerlo, abrió una caja de Pandora que pocos quieren mirar.
El caso que Armenta mencionó de pasada no es menor. En Tepeaca, viviendas fueron construidas sobre ductos de combustible, y la explosión que siguió fue solo el desenlace previsible de una negligencia acumulada. El gobernador preguntó, con razón: ¿cómo se permitió que familias enteras vivieran encima de una tubería de gas o combustible? La respuesta, incómoda, apunta a los gobiernos municipales que otorgaron licencias sin revisar los planos, sin consultar a Pemex, sin importarles la vida de quienes habitarían ahí.
Pero la pregunta no se detiene en Tepeaca. ¿Cuántos municipios más en Puebla tienen asentamientos irregulares o autorizados sobre ductos, barrancas, cauces de ríos o zonas de alto riesgo? ¿Cuántas viviendas están, literalmente, sentadas sobre una bomba de tiempo? El Atlas de Riesgo, que el PAN denunció como desactualizado, podría responder esa pregunta, pero la falta de actualización es, en sí misma, una confesión de que nadie quiere saber la verdad.
El señalamiento de Armenta tiene el mérito de sacar a la luz un problema estructural que la polarización política ha ocultado. Porque mientras el gobierno estatal culpa al PAN y el PAN culpa al gobierno estatal, los muertos de la Recta a Cholula y los heridos de Tepeaca son solo números en un expediente. El gobernador, al mencionar la explosión, reconoce implícitamente que el problema no es solo el agua: es la falta de planeación, la corrupción en los permisos y la indiferencia ante el riesgo que sufren los ciudadanos más vulnerables.
El caso de Tepeaca no es un hecho aislado. Se suma a la larga lista de siniestros, inundaciones, caída de árboles, fugas de gas en Acajete, granizadas en la autopista, desbordamiento de plantas tratadoras. Todos tienen un denominador común: la ausencia de una política preventiva que priorice la vida sobre la especulación inmobiliaria o la falta de mantenimiento.
Armenta, al hablar de Tepeaca, no solo señaló a los ayuntamientos: también trazó un mapa de responsabilidades que ningún funcionario quiere firmar. Pero la verdad es que los permisos no se otorgan solos, y las viviendas no se construyen sin el visto bueno de alguien. Ese alguien, en cada municipio, tiene nombre y apellido. Y esos nombres empiezan a acumularse como los escombros de una gestión que no aprende.
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