El inicio del programa de distintivos electrónicos para motociclistas en Puebla se retrasó por fallas técnicas de un proveedor privado. La suspensión coincidió con protestas contra la llamada Ley Casco, cuyos opositores entregaron más de 2 mil 500 firmas al Congreso del Estado.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El arranque del programa de distintivos electrónicos para motociclistas en Puebla comenzó con tropiezos administrativos y un creciente descontento social. La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) confirmó que la entrega de los primeros hologramas fue suspendida debido a una falla en la plataforma tecnológica operada por la empresa privada encargada de implementar el sistema, lo que impidió atender a los usuarios que acudieron a realizar el trámite.
Además del retraso, motociclistas señalaron que en los módulos se les solicitaron requisitos adicionales, entre ellos licencia de conducir, CURP, credencial para votar, tarjeta de circulación y una cita previa obtenida mediante la plataforma oficial. La suspensión del servicio, atribuida por la autoridad a un desperfecto técnico ya corregido, alimentó el malestar de quienes esperaban recibir los distintivos desde el primer día del programa.
La inconformidad trascendió el ámbito operativo y derivó en una manifestación frente al Congreso del Estado de Puebla. Integrantes de colectivos de motociclistas entregaron un documento respaldado por más de 2 mil 500 firmas, mediante el cual solicitaron detener la aplicación de la llamada Ley Casco. Entre sus principales preocupaciones señalaron que el sistema podría vulnerar derechos de los usuarios y que, en caso de robo del casco, los distintivos podrían ser utilizados por delincuentes para cometer ilícitos.
Aunque el Gobierno del Estado informó que la entrega se normalizará a partir del jueves y reiteró que el programa busca fortalecer la seguridad vial y mejorar el padrón de motocicletas, el inicio del proyecto evidenció que el principal desafío no es únicamente tecnológico, sino recuperar la confianza de un sector que demanda mayor diálogo, transparencia y certeza sobre los alcances de una medida que será obligatoria en el estado.
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