La SSP entregó a la FGE el expediente del caso del “francotirador de la Vía Atlixcáyotl”. Las investigaciones apuntan a un único responsable de sexo masculino, tras detectar un patrón en los 11 ataques. La orden de aprehensión está en proceso, cinco meses después del primer incidente en enero de 2026.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Más de cinco meses después del primer ataque, la investigación del “francotirador de la Vía Atlixcáyotl” parece llegar a su punto clave. El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que su dependencia entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) los resultados de las investigaciones y labores de inteligencia sobre el caso, y que la Fiscalía se encuentra cerrando la integración del expediente para emitir una orden de aprehensión contra un único presunto responsable de sexo masculino. Las autoridades aseguran haber detectado un patrón que apunta a este individuo como autor de los 11 ataques a vehículos en la vialidad.
El anuncio llega después de una larga psicosis social que paralizó a los conductores de la Vía Atlixcáyotl durante meses. El primer ataque ocurrió en enero de 2026, cuando un menor de edad recibió un balazo en el rostro mientras circulaba sobre el Periférico Ecológico. Desde entonces, se registraron 11 ataques con arma de fuego calibre 9 mm contra vehículos en movimiento, que dejaron dos personas heridas y sembraron el terror entre los automovilistas. La respuesta institucional fue lenta y fragmentada: durante meses, la FGE y la SSP actuaron con escasa comunicación pública y sin resultados visibles.
La presión social y mediática forzó a las autoridades a desplegar recursos que no se habían movilizado antes. En junio y julio, la SSP instaló una torre de videovigilancia con conexión al C5i, desplegó más de 70 elementos las 24 horas y utilizó escáner láser 3D para reconstruir las trayectorias de los disparos. La FGE, por su parte, realizó diligencias en la Vía Atlixcáyotl que incluyeron el uso de peritos en criminalística, fotografía forense y balística. Ahora, el expediente está en manos de la Fiscalía, que deberá ejecutar la orden de aprehensión y presentar al presunto responsable ante un juez.
El retraso en la investigación es difícil de justificar. Los ataques compartían características claras —misma zona, calibre 9 mm, vehículos en movimiento—, y las autoridades tardaron cinco meses en identificar un patrón que un análisis básico de inteligencia podría haber detectado en las primeras semanas. La lentitud del proceso sugiere que el caso no fue priorizado hasta que se convirtió en un problema de imagen para el gobierno de Alejandro Armenta Mier. La ciudadanía, que durante meses temió ser la próxima víctima, ahora espera que la orden de aprehensión no se quede en el papel.
La detención del presunto responsable, si se concreta, será un alivio para los conductores que transitan por esa vialidad. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos casos similares no reciben la misma atención porque no generan la misma presión mediática? La psicosis social que alertó a Puebla durante meses no debe repetirse. Las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que aprendieron la lección.
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