La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que no ha encontrado pruebas de que Rubén Rocha Moya y los 9 exfuncionarios sinaloenses reclamados en extradición por Estados Unidos tengan vínculos con el Cártel de Sinaloa. El fiscal David Boone de la Garza declaró que la indagatoria se inició con base en la solicitud de EE.UU., pero que "no ha habido pruebas". La titular de la FGR, Ernestina Godoy, precisó que la investigación no se ha ampliado a otros delitos. La afirmación de la FGR contradice el indictment del Distrito Sur de Nueva York, que contiene 34 páginas de pruebas documentales.
CDMX — La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció este miércoles una conferencia de prensa para informar sobre la investigación del caso Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios sinaloenses acusados por el Distrito Sur de Nueva York. El fiscal David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), fue contundente: "No ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano". La titular de la FGR, Ernestina Godoy, añadió que la investigación "son únicamente de los delitos que fueron señalados por Estados Unidos. No más, no más delitos". La FGR afirma que no hay pruebas, pero el indictment del Distrito Sur de Nueva York contiene 34 páginas de pruebas documentales: listas de sobornos incautadas, testimonios de cooperantes, registros financieros, fotografías de reuniones con Los Chapitos.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
La contradicción entre la postura de la FGR y la evidencia presentada por la fiscalía estadounidense es insostenible. La FGR dice que "no ha habido pruebas". El indictment del Distrito Sur de Nueva York contiene 34 páginas de pruebas. Los fiscales estadounidenses presentaron listas de sobornos mensuales con nombres, apodos, cargos y montos específicos. Dámaso Castro Saavedra ("Culiacan Regio") recibía $200,000 pesos al mes. Marco Antonio Almanza Avilés ("R1") recibía $300,000 pesos al mes. Gerardo Mérida Sánchez recibía más de $100,000 dólares mensuales para filtrar información sobre redadas. Tres de los acusados —Mérida Sánchez, Enrique Díaz Vega y ahora Marco Antonio Almanza Avilés— ya se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses. La FGR no explica por qué esas pruebas no son suficientes para el "parámetro probatorio mínimo" mexicano.
La declaración de Ernestina Godoy de que la investigación "no se ha ampliado a otros delitos" es igualmente reveladora. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Rocha Moya, sus hijos, Inzunza y otros acusados. Sin embargo, la FGR no está investigando delitos financieros o patrimoniales. Los hijos de Rocha Moya controlan un entramado de 14 empresas que recibieron más de 620 millones de pesos en contratos públicos. El yerno de Rocha Moya, Jorge Antonio Cano Félix, operó en Pemex con poder, amenazas y despidos, y abandonó la paraestatal una semana antes de la acusación. La FGR no investiga esos delitos. La UIF congeló cuentas, pero la FGR no ha presentado denuncias penales.
El contraste con el caso de Ismael "El Mayo" Zambada es evidente. La FGR ha abierto 7 carpetas de investigación, ha realizado 153 entrevistas y ha emitido 124 dictámenes para investigar la captura de Zambada. Para el caso de Rocha Moya y los otros nueve acusados, la FGR dice que "no ha habido pruebas". La misma institución que es exhaustiva en un caso es evasiva en el otro. La diferencia es que Zambada es un narcotraficante y Rocha Moya es un funcionario de Morena.
El expediente NARCUS ha documentado la presión de EE.UU. sobre México: la directiva de Aakash Singh de triplicar las acusaciones, la declaración de Trump de que "los cárteles gobiernan México", las sanciones del Tesoro por huachicol, la lista de 32 funcionarios que el abogado de "El Chapo" anunció, y la cooperación de Zambada. La FGR dice que no hay pruebas. Washington dice que las tiene. El tiempo, sin embargo, se agota. La cuenta, como ha quedado claro, está por pagarse.
Fuente: Declaraciones de David Boone de la Garza y Ernestina Godoy, FGR (8 de julio de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Congelamiento de cuentas por la UIF (Acuerdo 156/2026). Entregas voluntarias de Mérida Sánchez, Díaz Vega y Almanza Avilés. Expediente NARCUS, reportajes 1-135.
0 Comentarios