La FGR desarticuló la red de contrabando de combustible más grande del país, con 25 órdenes de aprehensión y el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como principal líder. La organización operaba en aduanas de Tamaulipas, declaraba solo el 10% de la capacidad real de carros tanque de ferrocarril y evadió impuestos por más de 106 millones de pesos, con movimientos financieros superiores a mil 386 millones de dólares.
CDMX — La Fiscalía General de la República ha asestado el golpe más contundente contra el huachicol fiscal en lo que va del sexenio. La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, anunció este jueves la desarticulación de la red de contrabando y distribución ilegal de combustible más grande detectada hasta ahora en el país, con un daño al erario estimado en más de 4 mil millones de pesos. En el centro de la operación se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido este jueves en Ensenada junto con tres personas más, como parte de un despliegue que incluyó 25 órdenes de aprehensión en ocho estados.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, reveló un entramado de alta complejidad que operaba mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. La red utilizaba carros tanque de ferrocarril para introducir combustible proveniente de refinerías en Texas, Estados Unidos, y lo distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. La maniobra central consistía en declarar apenas el 10 por ciento de la capacidad real de cada vagón: si se reportaban 10 mil litros, en realidad se transportaban hasta 110 mil litros, sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
Entre enero y julio de 2025, la organización realizó 4,238 operaciones de importación a través de las aduanas tamaulipecas. Según las indagatorias, se utilizaron 162 carros tanque para introducir alrededor de 15,299,830 litros de combustible sin declarar. Solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la evasión estimada asciende a 88,511,516 pesos, a los que se suman 18,289,304 pesos por IVA, para un daño total de 106,800,821 pesos en estos dos impuestos. En el caso del diésel, se importaron volúmenes equivalentes a más de diez veces lo autorizado; en gasolina regular, más de tres veces y media el volumen permitido.
El análisis financiero de la FGR identificó movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos, un comportamiento característico de las denominadas cuentas puente utilizadas para ocultar el origen de los recursos y a sus beneficiarios finales. La red dependía financieramente de una empresa vinculada a actividades de servicios portuarios y dragado, fundada por Ruffo Appel, que canalizaba los recursos hacia firmas extranjeras mediante transferencias internacionales.
El combustible era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, donde pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes lo recogían para su distribución sin los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético. La reconstrucción de esta ruta logística fue posible gracias al análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial, que permitió identificar el trayecto completo del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final. La FGR destacó que como resultado de una primera acción operativa se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización.
La detención de Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California entre 1989 y 1995 y uno de los primeros mandatarios estatales de oposición en la era moderna, añade una dimensión política de primer orden al expediente. La FGR informó que entre los investigados se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red, operadores logísticos, agentes aduanales y personal autorizado. Las acciones se ejecutaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco, y la Fiscalía aseguró que continuarán las investigaciones para cumplimentar el resto de los mandamientos judiciales.
Godoy Ramos subrayó que, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR ha llevado a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre. La declaración sugiere una ofensiva institucional de gran calado contra el huachicol fiscal que, hasta ahora, había avanzado en frentes separados: los militares en la Aduana de Matamoros, los marinos vinculados a Farías Laguna, y la red logística de Nuevo León. El caso de Ruffo Appel, sin embargo, supera en escala y repercusión política a todos los anteriores, al colocar a un exgobernador como el rostro visible de una operación que evadió impuestos por miles de millones de pesos y utilizó la infraestructura ferroviaria del país como su principal herramienta de contrabando.
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