La FGR investiga la designación de Guadalupe Hernández Hinojosa como apoderada legal de Ingemar SA de CV, empresa vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel en la red de huachicol fiscal. El nombramiento, formalizado el 6 de marzo de 2026, ocurrió cuando la investigación ya estaba en curso. Mientras Ruffo y su socio Ricardo Thompson Navarro están detenidos, el accionista mayoritario José Merino Valdés Cuervo permanece prófugo. Especialistas advierten que el movimiento busca proteger a los verdaderos responsables.

CDMX — La designación de una nueva apoderada legal para Ingemar SA de CV, ocurrida en marzo de 2026, se ha convertido en un eje central de la investigación de la Fiscalía General de la República contra la red de huachicol fiscal vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Guadalupe Hernández Hinojosa, contadora de 37 años originaria de Hidalgo, fue nombrada directora general ejecutiva y apoderada legal de la empresa mediante un documento notarial formalizado el 6 de marzo de 2026, cuando ya existían indicios de la investigación que culminó con el aseguramiento de 15.5 millones de litros de combustible en Coahuila y la detención de Ruffo y su socio Ricardo Thompson Navarro.

El otorgamiento de amplios poderes a Hernández Hinojosa, registrado ante notario público con el folio mercantil electrónico N-2018080257, le confiere facultades para representar a Ingemar ante autoridades civiles, fiscales, judiciales, administrativas y penales, así como para firmar contratos, abrir cuentas bancarias, emitir títulos de crédito y realizar operaciones financieras en nombre de la compañía. La FGR analiza si este movimiento corporativo, solicitado por Ruffo Appel ante la Secretaría de Economía meses antes de su detención, fue utilizado para colocar a un presunto "chivo expiatorio" al frente de la empresa mientras los verdaderos responsables intentaban deslindarse de eventuales responsabilidades legales.

La cronología del caso refuerza las sospechas de la Fiscalía. El aseguramiento de los 129 carrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, ocurrió en julio de 2025. Ocho meses después, el 6 de marzo de 2026, Ingemar designó a Hernández Hinojosa como su nueva apoderada legal. Para el momento de su nombramiento, la investigación ya había avanzado y las autoridades federales habían comenzado a rastrear la presunta red de contrabando de combustible que operaba mediante declaraciones falsas, subvaluación de cargamentos y evasión de impuestos. La contadora hidalguense, quien antes de incorporarse a Ingemar trabajó en labores contables para una tienda de ropa para dama, quedó investida de facultades que la colocan en una posición de vulnerabilidad jurídica si los actos corporativos realizados bajo su representación resultaran fraudulentos o ilegales.

Otorgar poderes amplios a empleados de rango medio o bajo cuando una empresa enfrenta investigaciones es una práctica conocida para intentar proteger a los verdaderos responsables. La autoridad deberá determinar su grado de responsabilidad, ya que aceptó y firmó voluntariamente las facultades otorgadas ante notario público.

La investigación de la FGR ha identificado a tres figuras clave en el entramado corporativo de Ingemar. Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro ya se encuentran detenidos y enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando. El tercer involucrado, José Merino Valdés Cuervo, principal accionista y fundador de la empresa, permanece prófugo. Merino, ingeniero en telecomunicaciones de 75 años, mexicano por naturalización y originario de Gijón, España, es considerado por las autoridades como una pieza relevante dentro de la presunta red, pero su paradero es desconocido hasta el momento. La Fiscalía no ha informado sobre avances en su captura.

El caso de Ingemar, que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una investigación de "alta complejidad" que se desarrolla con base en un trabajo de más de un año, se ha convertido en el expediente más visible de la ofensiva federal contra el huachicol fiscal. La mandataria rechazó que exista motivación política detrás de las detenciones y anticipó que podrían registrarse nuevas capturas relacionadas con la misma red. La declaración sugiere que la Fiscalía no considera cerrado el caso y que continuará desmantelando las estructuras empresariales y operativas que permitieron la introducción irregular de combustible desde Texas y su distribución en al menos nueve estados del país.

La investigación sobre Hernández Hinojosa y su nombramiento como apoderada legal de Ingemar abre una nueva línea de indagatoria en el expediente. La Fiscalía deberá determinar si la contadora actuó con pleno conocimiento de las operaciones irregulares de la empresa o si, por el contrario, fue utilizada como una figura decorativa para intentar proteger a los accionistas y directivos originales. Mientras tanto, la presencia de Merino Valdés Cuervo en la lista de prófugos mantiene abierta la incógnita sobre el alcance real de la red y la participación de otros actores que aún no han sido identificados. La comparecencia de Ruffo y Thompson, programada para este sábado, podría arrojar luz sobre estas preguntas y definir el rumbo de una investigación que ya ha alcanzado los niveles más altos del poder político y corporativo en México.

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