La FGR rechazó que el exgobernador Ernesto Ruffo Appel sea un perseguido político y aseguró que la imputación por huachicol fiscal se basa en investigaciones apegadas a derecho. En un comunicado, la dependencia reconoció que Ruffo enfrenta una acusación por un daño a la Hacienda Pública de 166 millones de pesos, derivado del aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones de litros de hidrocarburos en julio de 2025. La Presidenta Claudia Sheinbaum también negó persecución política contra el exmandatario.
CDMX — La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que rechaza que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea un perseguido político, y sostiene que la imputación por huachicol fiscal que lo mantiene en prisión responde a investigaciones apegadas a derecho. La dependencia salió al paso de las críticas que han señalado una presunta selectividad en la justicia, luego de que el expresidente Felipe Calderón y figuras de la oposición cuestionaran públicamente el proceso contra el exmandatario panista.
En el comunicado, la FGR reconoció que Ruffo Appel enfrenta actualmente una acusación por un daño a la Hacienda Pública de 166 millones de pesos, correspondiente al aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones de litros de hidrocarburos, ocurrido en julio de 2025 en Coahuila. Sin embargo, la dependencia adelantó que en el desarrollo del proceso demostrará que el daño total ocasionado por la red de contrabando de combustible fue superior a los 4 mil millones de pesos. La Fiscalía no detalló si estas cifras forman parte de una ampliación de la acusación en etapas posteriores del proceso.
"Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política. Ernesto 'N' no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido", afirmó la institución en el texto. La FGR reiteró que las investigaciones se realizan "sin ningún sesgo de otra índole" y que se respeta en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los imputados.
La respuesta de la Fiscalía se produce horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum también negara la existencia de una persecución política contra Ruffo Appel. La mandataria, quien ha respaldado las acciones de la FGR en el combate al huachicol fiscal, sostuvo que el proceso contra el exgobernador se deriva de una investigación de más de un año y no obedece a motivaciones políticas. Ruffo Appel forma parte actualmente de la agrupación política Somos México, vinculada al Partido Acción Nacional, lo que ha añadido un componente partidista al debate público sobre su detención.
Las cifras mencionadas por la FGR en su comunicado introducen una variación respecto de los datos documentados en investigaciones previas. En entregas anteriores del expediente, el aseguramiento en Coahuila se había referido a 129 carrotanques con 15.5 millones de litros de combustible. La Fiscalía ahora habla de 170 ferrotanques y 18 millones de litros, sin especificar si se trata del mismo operativo con cifras precisadas o de un aseguramiento distinto que no había sido reportado con anterioridad. La dependencia tampoco ha aclarado si Ruffo Appel será imputado por el daño total de 4 mil millones de pesos en una ampliación de la acusación.
El caso de Ruffo Appel ha concentrado la atención pública desde su detención el 16 de julio en Ensenada, Baja California. El exgobernador, quien fue el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México al ganar Baja California en 1989 bajo las siglas del PAN, enfrenta un proceso judicial por delincuencia organizada y contrabando, derivado de su presunta participación en una red que operaba mediante declaraciones falsas en aduanas, subdeclaración de volúmenes y evasión de impuestos. La FGR ha insistido en que la investigación, que ha derivado en 25 órdenes de aprehensión, es de "alta complejidad" y se basa en datos de prueba que incluyen análisis financiero, periciales y testimoniales.
La defensa de Ruffo Appel, encabezada por el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont, no ha emitido una respuesta pública al comunicado de la FGR. El abogado se ha limitado a señalar que el exgobernador aclarará los hechos en las vías legales correspondientes. El proceso judicial continúa su curso en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, bajo la supervisión del juez Mario Elizondo Martínez, quien ya había negado en una primera ocasión las órdenes de aprehensión contra la red por falta de fundamentación, antes de que la FGR reformulara su acusación e incluyera a Ruffo como líder de la organización criminal.
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