La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció que buscó asesoría para recuperar su visa de turista tras su cancelación, pero negó haber comprometido información de seguridad. La mandataria presentó una cronología de contactos desde junio de 2025 y desmintió una reunión en Panamá. El caso mantiene en tensión la vida política del estado.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, modificó el relato sobre el origen de los audios filtrados al admitir que buscó asesoría para recuperar su visa de turista, aunque insistió en que nunca negoció asuntos de seguridad ni entregó información reservada del estado. En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria explicó que las conversaciones grabadas correspondieron a un trámite personal derivado de la cancelación de su documento migratorio por parte del gobierno de Estados Unidos.
“Mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno. Nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”, sostuvo Ávila Olmeda, quien aseguró que fue engañada por un gestor que se presentó como conocedor de los mecanismos para atender su situación migratoria. La gobernadora detalló que el primer contacto ocurrió el 18 de junio de 2025 por mensajería instantánea, seguido de llamadas telefónicas el 2 y el 22 de agosto, y una reunión presencial el 15 de diciembre con el supuesto gestor.
La nueva versión de la gobernadora introduce elementos que no habían sido mencionados en sus declaraciones anteriores, cuando calificó el encuentro del 15 de diciembre como una trampa orquestada por su antecesor, Jaime Bonilla Valdez. Ahora, Ávila Olmeda atribuye el engaño a un gestor particular y no a los intermediarios estadounidenses, aunque mantiene su señalamiento contra el exgobernador al afirmar que fue él quien la contactó para esa reunión. La gobernadora también negó categóricamente haber sostenido una reunión en Panamá con autoridades de otro país, como se ha especulado tras la filtración de los audios. “Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”, declaró.
Como parte de su defensa, la mandataria destacó los resultados de su estrategia de seguridad y afirmó que durante su administración han sido detenidas más de 120 personas consideradas objetivos prioritarios para México y Estados Unidos, además de una reducción del 46 por ciento en los homicidios dolosos en Baja California. La gobernadora ofreció colaborar con cualquier autoridad mexicana para aclarar las dudas sobre el caso, en un intento por desactivar la presión política que ha generado el escándalo.
La cronología presentada por Ávila Olmeda abre nuevas interrogantes, pues ubica los primeros contactos en junio de 2025, meses antes de que se difundieran los audios. La gobernadora no explicó por qué no reveló estos detalles en sus primeras declaraciones ni precisó si el gestor fue contactado por iniciativa propia o a través de intermediarios. Tampoco aclaró si el gobierno estatal realizó alguna verificación sobre la identidad de las personas con las que sostuvo las conversaciones.
El expediente de Baja California se mantiene abierto con versiones encontradas y señalamientos cruzados entre la gobernadora y su antecesor, mientras el Congreso local evalúa posibles comparecencias y las autoridades federales permanecen atentas a la evolución del caso. La filtración de más fragmentos de audio, anunciada por la propia Ávila Olmeda, sugiere que la crisis política en la entidad aún no ha alcanzado su punto máximo, en un escenario donde la disputa interna en el movimiento oficialista se ha convertido en un factor determinante para el proceso electoral de 2027.
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