El Gobierno de México presentó los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, que contemplan multas para concesionarios de radio y televisión. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó analizar si la regulación debe ampliarse a prensa y plataformas digitales.

CDMX — El Gobierno federal abrió el proceso de consulta pública para definir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta que contempla sanciones económicas para concesionarios de radio y televisión que incumplan las recomendaciones emitidas por las defensorías de las audiencias. La iniciativa fue presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y permanecerá en consulta del 27 de julio al 21 de agosto.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que el procedimiento iniciará con la presentación de una queja ante la defensoría del medio de comunicación correspondiente. Si la defensoría determina que existió una vulneración a los derechos de las audiencias, emitirá una recomendación en un plazo máximo de 20 días. En caso de que el concesionario no atienda esa resolución, el asunto podrá ser llevado ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), instancia que podrá intervenir y, en situaciones de incumplimiento, imponer multas u otras sanciones. "Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia", señaló la funcionaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que el proyecto únicamente comprende a los concesionarios comerciales, públicos y sociales de radio, televisión abierta, televisión y audio restringidos, así como a empresas programadoras, debido a que las atribuciones de la Comisión no alcanzan a la prensa escrita ni a las plataformas digitales. No obstante, indicó que ambos temas podrían analizarse posteriormente. "La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación", expresó.

El anteproyecto también establece la obligación de que las estaciones de radio y televisión cuenten con un Código de Ética y designen una persona defensora de las audiencias, quien deberá actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. En el caso de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, esa representación deberá pertenecer a la propia comunidad.

Las disposiciones reconocen el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, distinguir entre información y opinión, identificar claramente la publicidad y ejercer el derecho de réplica frente a contenidos falsos o inexactos. Además, incorporan medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. Según la Consejería Jurídica, estos lineamientos retoman derechos incorporados a la Constitución en 2013, fortalecidos por la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya aplicación busca reglamentar ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

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