Morena guardó silencio. El PAN acusó violación de normas y que Chedraui se deja atropellar por el estado. La diferencia entre estudio de impacto y resolutivo de MIA quedó sin respuesta. El Congreso entró en receso de dos meses.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA La comparecencia del coordinador de gabinete José Luis García Parra ante el Congreso de Puebla dividió a los legisladores apaentemente: los partidos de oposición cuestionaron la falta de transparencia y la violación de normas; los partidos aliados del gobierno defendieron el proyecto; la bancada de Morena — mayoría en el Congreso — no aparece en el registro de la sesión cuestionando. Su silencio fue el dato más político de los 40 minutos.
Las diputadas de Movimiento Ciudadano y PRI, Fedhra Suriano Corrales y Delfina Pozos Vergara, cuestionaron la reserva de información y la falta de transparencia sobre el proyecto. El diputado del PAN, Rafael Micalco, fue más lejos: señaló que el proceso viola normas y lamentó que el presidente municipal José Chedraui Budib "se deje atropellar por el gobierno estatal" para permitir la implementación del cablebús. En el otro extremo, diputados de Fuerza por México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza defendieron el proyecto.
La reserva que no era reserva — o sí
García Parra afirmó que las reservas de información recaen sobre "documentos específicos vinculados a procesos de fiscalización en curso" y no sobre la totalidad del proyecto. Es la primera explicación formal sobre la reserva de información documentada en el repositorio. Pero abre una pregunta que no fue respondida en la sesión: si los documentos reservados corresponden a fiscalización en curso, ¿quién fiscaliza qué, desde cuándo y bajo qué instancia? Una fiscalización activa sobre el contrato del cablebús sería, en sí misma, una noticia.
García Parra anunció 70 estudios especializados que respaldan el proyecto, incluyendo estudios de impacto ambiental. La distinción jurídica que la comparecencia no aclaró es la diferencia entre el estudio de impacto ambiental —que elabora el promovente del proyecto— y el resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) —que emite la autoridad ambiental competente después de evaluar ese estudio. Los ambientalistas que salieron de la reunión con la SMADSOT el 28 de marzo declararon que el resolutivo no existe. García Parra dijo que hay estudios. Ambas afirmaciones pueden ser simultáneamente verdaderas. La comparecencia no despejó la diferencia.
El contrato antes de la declaratoria
García Parra presentó una línea del tiempo del proyecto: planeación iniciada en marzo de 2025, declaratoria de necesidad emitida el 28 de agosto de 2025, contrato firmado posteriormente. El folio del contrato — OP/LPE165/SPFA/SI-20250522 — indica el 22 de mayo de 2025. Si esa fecha es correcta, el contrato fue firmado tres meses antes de que se emitiera formalmente la declaratoria de necesidad del servicio. García Parra no abordó esa discrepancia durante su exposición. Ningún legislador la preguntó.
García Parra afirmó que el cablebús es "la obra más socializada en la historia de Puebla" y que en pocas obras se ha alcanzado ese nivel de apertura y revisión pública. El mismo día de la comparecencia, el predio de 11 Sur y Las Margaritas — uno de los cuatro cedidos en comodato el 18 de junio — permanece cercado con valla ciclónica y alambre de púas instalados el 26 de junio sin permisos de construcción documentados. Siete marchas recorrieron las calles de Puebla entre marzo y julio. El micrositio con los 70 estudios no tiene fecha de lanzamiento. Concluida la comparecencia, el Congreso entró en receso de dos meses.
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