Un diputado del PVEM preguntó en qué etapa está el resolutivo de impacto ambiental. El PAN preguntó cuánto subsidiará el gobierno el primer año. Morena celebró el proyecto. Las respuestas no están en el registro oficial del Congreso.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Dos preguntas concentran lo más relevante de la sesión: una del PVEM sobre el resolutivo de impacto ambiental y otra del PAN sobre el subsidio que el gobierno deberá aportar para operar el sistema. Las respuestas de García Parra a esas dos preguntas no llegaron.
El diputado del PVEM, Jaime Natale Uranga, preguntó sobre las decisiones técnicas y ambientales que permitieron reducir el daño a los árboles y — dato central — "la etapa en que se encuentra el resolutivo de impacto ambiental". Es la primera vez en el registro legislativo que un diputado nombra directamente el documento cuya inexistencia los ambientalistas confirmaron el 28 de marzo. El resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es la resolución formal que emite la autoridad ambiental después de evaluar los estudios del promovente — distinta del estudio en sí. García Parra anunció 70 estudios especializados. El resolutivo que los evalúa y aprueba es otro documento. La pregunta del PVEM apuntó exactamente a esa diferencia. La respuesta no está publicada.
El subsidio que el gobierno no ha mencionado
El diputado del PAN, Rafael Micalco, preguntó cuál es el costo anual de operación y "el subsidio que deberá aportar el gobierno del estado para mantener en funcionamiento el sistema". El gobierno ha declarado desde el comunicado del 13 de abril que el cablebús alcanzará autosustentabilidad a partir del segundo año de operación. Esa declaración implica que en el primer año habrá un subsidio. Micalco preguntó cuánto. La respuesta tampoco llegó.
Las bancadas más cercanas al gobierno formularon preguntas de distinta naturaleza. La diputada de Morena, Azucena Rosas Tapia, preguntó sobre los beneficios de seguridad pública y accesibilidad del sistema. El diputado del Partido del Trabajo, José Luis Figueroa Cortés, preguntó cómo las reformas impulsadas por el Congreso contribuyeron a dar certeza jurídica al proyecto. Ninguna de las dos preguntas cuestiona — ambas validan. La primera celebra un beneficio; la segunda reconoce como positivas las reformas legislativas que el movimiento ciudadano ha señalado como adaptación de las normas al proyecto.
Los datos nuevos que García Parra sí precisó
La comparecencia aportó dos cifras nuevas verificables. Primera: la reducción de emisiones proyectada es de 18,500 toneladas de CO2 al año — dato más preciso que los anteriores comunicados del gobierno. Segunda: el trayecto más largo del sistema pasaría de 100 minutos a 44 minutos de recorrido — la reducción de tiempo más concreta presentada hasta ahora. La longitud total de la red quedó confirmada en 14.58 kilómetros, incorporando la ampliación hacia Mayorazgo.
Lo que la sesión no produjo es tan relevante como lo que produjo. Ocho bancadas, ocho preguntas, 40 minutos. La pregunta sobre la MIA y la pregunta sobre el subsidio — las dos más específicas y verificables — no tienen respuesta. El Congreso entró en receso de dos meses. El micrositio con los 70 estudios no tiene fecha de lanzamiento. El resolutivo de impacto ambiental no tiene estado documentado.
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