En Atzitzihuacán, un pueblo sin policía que funcione, la justicia se imparte con gasolina y cerillos. Juan Felipe N., de 33 años, fue quemado vivo por pobladores que lo acusaron de robar llantas usadas. Su cómplice huyó. El linchamiento ocurrió a las 21:40 horas del viernes 3 de julio sobre la carretera federal a San Juan Amecac. Los servicios prehospitalarios solo confirmaron la muerte. La Fiscalía General del Estado llegó tarde, como siempre, para levantar un cuerpo que el Estado no supo proteger.

ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. — La noche del viernes 3 de julio, en Atzitzihuacán, la justicia se tomó a quemarropa. Dos compradores de chatarra tomaron llantas usadas de un inmueble, un acto que en cualquier lugar del mundo sería considerado un delito menor o incluso un malentendido. Pero en este municipio de Puebla, la multitud decidió que el castigo debía ser ejemplar. Uno de los señalados logró huir. El otro, Juan Felipe N., de 33 años, fue retenido, golpeado, rociado con combustible y quemado vivo. La escena, digna de una pesadilla medieval, ocurrió a plena luz de la carretera federal a San Juan Amecac, mientras los vecinos miraban o participaban.

El linchamiento no es un estallido espontáneo. Es un síntoma. Cuando el Estado no está presente, la comunidad ocupa su lugar. Y cuando la comunidad ocupa su lugar, el resultado suele ser tan brutal como este: un hombre carbonizado por un delito que no merecía ni una multa. Los pobladores de Atzitzihuacán no confían en la policía, no confían en la fiscalía, no confían en los jueces. Y tienen razones para no hacerlo. Pero esa desconfianza, en lugar de traducirse en exigencias ciudadanas, se convirtió en un incendio que consumió a un ser humano.

Los cuerpos de seguridad pública llegaron después de que el fuego se apagara. Los servicios prehospitalarios solo pudieron certificar lo que ya era evidente: Juan Felipe N. ya no tenía signos vitales. La Fiscalía General del Estado inició investigaciones, como hace siempre después de que el daño está hecho. Pero la pregunta que ningún comunicado oficial responde es: ¿dónde estaban las autoridades cuando la multitud comenzó a golpearlo? ¿Dónde estaban cuando le rociaron gasolina? ¿Dónde estaban cuando encendieron el cerillo?

La justicia popular es un eufemismo para la barbarie. Pero la barbarie, en Atzitzihuacán, no nace de la maldad intrínseca de sus habitantes. Nace de la ausencia de una policía confiable, de un sistema judicial que castigue, de una fiscalía que investigue. Cuando el Estado se retira, el pueblo ocupa el vacío con sus propias reglas. Y esas reglas, como quedó demostrado, son implacables, desproporcionadas y mortales.

El linchamiento de Juan Felipe N. debería ser un llamado de atención para las autoridades de Puebla. No es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de una crisis de seguridad y confianza que recorre los municipios poblanos. Mientras los alcaldes se entretienen con bodycams y patrullas, los ciudadanos siguen tomando la justicia por su cuenta porque saben que el sistema no los va a proteger. Y mientras la Fiscalía investiga quiénes participaron en el linchamiento, lo que realmente debería investigar es por qué el Estado se ausentó cuando debía estar presente.

Juan Felipe N. ya no está. Su cuerpo fue levantado por el personal forense, pero su muerte queda como una cicatriz en la conciencia de Puebla. Un hombre quemado vivo por llantas usadas. Un delito menor que terminó en un homicidio atroz. Una comunidad que decidió ser juez, verdugo y policía al mismo tiempo. Y un Estado que, como siempre, llegó tarde para salvar una vida, pero a tiempo para levantar un expediente más.

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