La FGR busca a tres militares de la Sedena por el mayor caso de huachicol fiscal en Matamoros: 144 millones de litros de combustible importados de EE.UU. como solución de cloruro de calcio. Los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo, Blas Pedro Sarabia García y el teniente Jorge García García, ex titulares y subdirector de la Aduana, están prófugos junto a otros seis implicados en una red que operó entre junio y julio de 2025.
CDMX — La investigación de la Fiscalía General de la República ha destapado la participación directa de mandos del Ejército Mexicano en la red de huachicol fiscal que operó desde la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. Los tres militares señalados, dos tenientes coroneles y un teniente de la Policía Militar, se encuentran prófugos de la justicia después de que un juez federal girara órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y contrabando calificado. El caso, que involucra el ingreso ilegal de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina, representa una de las operaciones de fraude fiscal más voluminosas documentadas en los últimos años en la frontera norte.
Los mandos castrenses señalados son el teniente coronel Armando Barrera Trujillo, titular de la Aduana de Matamoros entre 2024 y julio de 2025, y el teniente coronel Blas Pedro Sarabia García, quien relevó a Barrera el 15 de julio de 2025 y permaneció en el cargo hasta 2026. Ambos fueron designados por el general André Georges Foullon Van Lissum, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. El tercer implicado es el teniente de Policía Militar Jorge García García, subdirector de Operación Aduanera del mismo recinto. Contra Barrera Trujillo la FGR imputa solo delincuencia organizada, mientras que Sarabia y García enfrentan también el cargo de contrabando calificado.
La organización criminal estaba encabezada por Armando III Riestra Fernández, socio único de Servicios Aduanales JR S.A. de C.V., empresa con sede en Reynosa que tramitó los pedimentos de importación. La maniobra consistió en hacer pasar los hidrocarburos como solución de cloruro de calcio ante la Aduana de Matamoros, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. Las empresas importadoras señaladas son Jumandi Group S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Aguascalientes, y Ferroservicios S.A. de C.V., ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro. El expediente judicial describe una "red de corrupción que incluye a personal de las Fuerzas castrenses", según consta en la investigación que motivó las órdenes de captura.
El juez Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró un total de 13 órdenes de aprehensión contra funcionarios aduanales, agentes y empresarios vinculados al entramado. Hasta la fecha, siete de los imputados han sido detenidos y procesados desde enero de 2026, y seis de ellos se encuentran internos en los penales federales del Altiplano y el Femenil de Morelos; solo uno logró prisión domiciliaria. Riestra Fernández ya está recluido en el Altiplano. La FGR solicitó condiciones especiales de seguridad para la captura de los militares prófugos, argumentando que "dados los grados que ocupan, cuentan con instrucción en el manejo de las armas y en situaciones de combate", lo que representa un riesgo para la integridad de los propios implicados y de terceros.
Este caso amplía el expediente de la participación de las fuerzas armadas en el huachicol fiscal, después de que en entregas anteriores se documentara la implicación de elementos de la Marina. La presencia de mandos de la Sedena en el corazón de la operación aduanera revela un nivel de infiltración institucional que va más allá de la complicidad periférica. Los tres militares continúan en libertad y su paradero es desconocido, mientras la FGR mantiene abierta la investigación para deslindar responsabilidades en los altos mandos que los designaron y supervisaron durante el periodo en que se consumó el fraude.
El modus operandi documentado por la Fiscalía evidencia una sofisticación creciente en el huachicol fiscal: el uso de empresas fachada, la manipulación de clasificaciones arancelarias y la complicidad activa de funcionarios con entrenamiento castrense. La Aduana de Matamoros, punto neurálgico del comercio con Estados Unidos, se convirtió en el escenario de una operación que no solo defraudó al fisco, sino que puso en evidencia la vulnerabilidad de los mecanismos de control en la frontera norte, donde el combustible robado fiscalmente circula sin restricción hacia el mercado interno mexicano.
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