La consulta pública sobre el Anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), comenzó a transformarse en un amplio debate jurídico y constitucional, luego de que especialistas, legisladores, concesionarios y ciudadanos expresaran posiciones encontradas sobre el alcance de las nuevas reglas.
Expediente: Regulación de la expresión pública en México
CDMX — El eje de la discusión dejó de centrarse únicamente en la protección de las audiencias y pasó a una pregunta de mayor alcance: ¿puede el Estado imponer obligaciones preventivas sobre los contenidos informativos sin afectar la libertad de expresión?
Uno de los principales cuestionamientos provino del abogado y consultor en telecomunicaciones Rodrigo Guzmán Araujo, quien advirtió que el artículo 12 del anteproyecto obliga a los concesionarios a adoptar medidas para evitar la difusión de información "falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual". A su juicio, esta obligación configura un mecanismo ex ante que resulta distinto al esquema previsto por la Ley Reglamentaria del Artículo 6º Constitucional, donde el derecho de réplica opera únicamente de manera posterior a la publicación de información presuntamente inexacta.
En el mismo sentido, los especialistas Alfonso Núñez Reséndiz y Diego Ubach Nieto señalaron que conceptos como "información descontextualizada" o la exigencia de contar con "elementos suficientes" para acreditar la veracidad de una noticia carecen de precisión jurídica, lo que podría generar incertidumbre para los medios de comunicación. Según sus observaciones, la falta de definiciones objetivas dejaría un amplio margen de interpretación a la autoridad y podría incentivar mecanismos de autocensura frente a la posibilidad de sanciones económicas.
El analista Omar Roque González coincidió en que, aunque el proyecto no establece expresamente un sistema de censura previa, la combinación de conceptos abiertos, procedimientos administrativos y multas podría producir un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico y reducir la pluralidad informativa.
Las preocupaciones también fueron compartidas por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que advirtió que los lineamientos presentan riesgos de regresión democrática al permitir que la autoridad determine qué constituye información falsa o descontextualizada. La organización sostuvo que las sanciones previstas —de hasta 1% de los ingresos anuales de concesionarios y programadores por cada presunta infracción— excederían los supuestos expresamente contemplados en la legislación vigente y alertó sobre un posible debilitamiento de la figura del defensor de las audiencias, al quedar sujeto a la revisión de la propia autoridad reguladora.
En contraste, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que el anteproyecto constituya un mecanismo de censura. Sostuvo que la veracidad constituye un principio ético del ejercicio periodístico y llamó a esperar el contenido definitivo de los lineamientos antes de emitir conclusiones sobre su aplicación. Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la protección de las audiencias no debe convertirse en un instrumento para restringir la libertad de expresión y propuso que la consulta pública también defina el tratamiento regulatorio de las conferencias gubernamentales transmitidas por medios de comunicación.
Mientras la consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, el debate comienza a desplazarse del terreno político hacia el constitucional. La discusión ya no se limita a determinar cómo proteger los derechos de las audiencias, sino a establecer si las herramientas regulatorias propuestas mantienen el equilibrio entre ese objetivo y las garantías de libertad de expresión, derecho a la información y seguridad jurídica previstas en la Constitución.
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