El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó una iniciativa para tipificar el linchamiento como delito autónomo en Puebla, con penas de 10 a 15 años de prisión para quienes participen directamente y de 5 a 10 años para incitadores. También plantea sanciones para servidores públicos omisos y bodycams para policías. La iniciativa llega después del linchamiento de Juan Felipe N. en Cohuecan. La pregunta: ¿de qué sirve castigar la violencia colectiva si el Estado sigue ausente cuando la turba se organiza?
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El diputado Andrés Villegas Mendoza llegó a la tribuna del Congreso de Puebla con dos iniciativas que suenan a promesa de campaña: castigar el linchamiento con hasta 15 años de prisión y obligar a los policías a usar cámaras corporales. La primera, presentada en diciembre de 2024 y reforzada ahora, busca convertir el linchamiento en un delito autónomo, con sanciones para ejecutores, incitadores y funcionarios omisos. La segunda, más moderna, pretende que los uniformados graben cada actuación para "generar evidencia" y "fortalecer la confianza ciudadana". Ambas suenan bien. Ambas son necesarias. Ambas, sin embargo, chocan contra la misma pared: el Estado que no llega a tiempo.
El linchamiento de Juan Felipe N. en la carretera federal a San Juan Amecac fue el detonante que puso el tema en la agenda pública. Pero no es el primero ni será el último. En Puebla, los linchamientos son la expresión extrema de una sociedad que ha perdido la fe en las instituciones. Cuando la policía no llega, cuando la fiscalía no castiga, cuando los jueces no condenan, la comunidad decide tomar la justicia en sus manos. Y el resultado, como quedó demostrado con el cuerpo quemado de Juan Felipe, es siempre el mismo: una violencia que no distingue entre delito y castigo, entre culpable e inocente.
La iniciativa de Villegas es un paso en la dirección correcta, pero también una confesión. El hecho de que se necesite un delito autónomo para castigar linchamientos revela que el sistema penal actual no era suficiente. Y el hecho de que se planteen sanciones para servidores públicos omisos revela que la omisión es parte del problema. El diputado no lo dice en voz alta, pero su iniciativa admite que los policías no llegan, los fiscales no investigan y los alcaldes miran hacia otro lado. La ley, en este caso, es un parche sobre una herida que sigue abierta.
La propuesta de las cámaras corporales para policías es otro intento de blindar el actuar institucional. La idea es simple: si los uniformados graban todo, habrá evidencia de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Pero la letra chica reconoce que los municipios no tienen dinero para implementarlas de inmediato. La gradualidad, en el lenguaje oficial, suele ser sinónimo de "algún día". Y mientras ese "algún día" llega, los linchamientos siguen ocurriendo y las autoridades siguen llegando después del crimen.
El problema de fondo no es la falta de una ley que castigue el linchamiento. Es la falta de un Estado que prevenga el linchamiento. Las penas de 15 años no detendrán a una turba que sabe que la policía no va a llegar. Las bodycams no impedirán que un hombre sea rociado con combustible si los agentes no están ahí para detener la agresión. La solución no está en el Código Penal, sino en el territorio. Está en garantizar que cada municipio tenga policías suficientes, capacitados y presentes. Está en que la Fiscalía investigue con rapidez y castigue con firmeza. Está en que los alcaldes dejen de usar la inseguridad como moneda de cambio y empiecen a asumirla como su responsabilidad principal.
Andrés Villegas hizo su trabajo como legislador: presentó una iniciativa que puede ser aprobada y que, en teoría, disuadirá a algunos. Pero la disuasión no funciona cuando el Estado es percibido como ausente. La reforma penal es necesaria, pero no es suficiente. Mientras los municipios de Puebla sigan teniendo policías sin recursos, fiscalías sin resultados y gobiernos que se esconden de sus obligaciones, los linchamientos seguirán siendo la respuesta a la impunidad. Y ninguna ley, por severa que sea, podrá detener a una multitud que ya no espera nada de las instituciones.
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