El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, exige a sus compañeros de Morena pedir licencia si buscan otro cargo en 2027, mientras el partido registra al menos nueve funcionarios con aspiraciones abiertas, entre ellos Laura Artemisa García, Norma Layón y el propio Gaspar.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La fiebre de aspiraciones dentro de Morena Puebla ya tiene un termómetro oficial: al menos nueve funcionarios estatales y federales han manifestado su intención de saltar a un nuevo cargo en la elección de 2027. El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, no solo está en esa lista, sino que además se ha erigido como el guardián de la "ley moral" del partido, exigiendo a sus correligionarios que suelten un hueso antes de morder otro. La pregunta que flota en el ambiente es si la exigencia aplica para todos o solo para los que no tienen el respaldo del gobernador Alejandro Armenta.
Andrés Villegas Mendoza, diputado local por Morena, fue el último en sumarse al carrusel de ambiciones. Tecamachalco o la reelección legislativa, según convenga. "Estaré donde mi partido le sea útil", declaró con una modestia tan calculada que resulta casi ofensiva. Porque no se trata de utilidad, se trata de posición, y todos lo saben. Villegas dice no temerle a Inés Saturnino López Ponce, el exalcalde panista que ya asoma como posible contendiente, pero su declaración suena más a ensayo de campaña que a convicción genuina.
Mientras tanto, el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, abre la puerta a Saturnino con una frase que merece ser enmarcada: "no soy cadenero de ningún tipo de establecimiento como para andar diciendo 'tú sí, tú no'". La declaración es un golpe de tijera a las viejas prácticas de control interno, pero también una confesión involuntaria: en el PAN, al menos, todavía simulan que los aspirantes pueden llegar sin el dedo del jefe. En Morena, esa simulación ya no existe: el dedo se llama Armenta y el operador se llama Salazar Vicentello.
La lista de los nueve morenistas con aspiraciones es un quién es quién del poder estatal: Pavel Gaspar (presidente del Congreso), Laura Artemisa García (Bienestar estatal), Raymundo Atanacio Luna (rector de la Politécnica Metropolitana), Rodrigo Abdala Dartigues (delegado de Programas para el Bienestar), Gabriela Sánchez Saavedra (Deporte y Juventud), Ana Laura Altamirano (Agricultura), Norma Layón Aarún (directora de Carreteras de Cuota), Nayeli Salvatori Bojalil (diputada local) y Natalia Suárez del Real (delegada de Bienestar). ¿Reelecciones, diputaciones federales, alcaldías? Todo cabe en el menú, siempre que la encuesta —o el dedo— lo bendiga.
La "ley moral" de Pavel Gaspar tiene un tufillo a paradoja irresoluble: el propio Gaspar espera que Morena lo postule para la reelección o para una diputación federal, pero exige a los demás que pidan licencia antes de moverse. "Si vamos a pedir que dejen los espacios, que dejen sus puestos", predicó, como si la norma no hubiera sido escrita por un funcionario que planea exactamente lo mismo. La moraleja es tan vieja como la política misma: la ley moral es para los otros, mientras los nuestros esperan su turno en la fila de la bendición oficial.
Y entonces llega la pregunta que ningún morenista quiere responder en voz alta: ¿para qué sirven las encuestas ciudadanas si el gobernador ya tiene a su operador territorial controlando los 2,904 comités seccionales? ¿Para qué la simulación de la democracia interna si la estructura ya está tomada por el armentismo? Los nueve aspirantes saben que su futuro no se decide en las colonias ni en las asambleas, sino en el despacho de Salazar Vicentello y, por extensión, en el de Armenta. Pero mientras el PRI define fechas, el MC se enreda en sus propias contradicciones y el PAN juega al cadenero, Morena ya tiene el mapa electoral en la mano. El resto es ruido de fondo, y el ruido, en esta temporada preelectoral, ya es ensordecedor.
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