El gobierno de Puebla firmó el Decálogo de Compromisos del Sector Salud para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual, con el cual se convirtió en la cuarta entidad en adherirse a esta estrategia nacional. Las cifras oficiales acumulan 5,966 carpetas por delitos sexuales y 15,285 por violencia familiar entre enero de 2025 y mayo de 2026.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Puebla se convirtió en el cuarto estado en firmar el Decálogo de Compromisos del Sector Salud para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Adolescentes y Mujeres, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para homologar protocolos de atención con enfoque de género y derechos humanos. La directora de Violencia Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, May Wejebe Shanahan, destacó que el acuerdo busca que el personal médico actúe desde el primer contacto para evitar la revictimización y tratar la violencia sexual como una emergencia médica.
La firma del decálogo llega en un contexto estadístico que no deja espacio para el optimismo. Entre enero de 2025 y mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 5,966 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, un promedio de 351 casos mensuales. El abuso sexual concentra la mayor parte de estas denuncias, con 1,319 casos, seguido de la violación simple (651), el acoso sexual (643) y la violación equiparada (424). El hostigamiento sexual sumó 129 carpetas en el mismo periodo.
La violencia familiar, que suele ser el contexto en el que se producen muchas agresiones sexuales, alcanzó la cifra de 15,285 carpetas en 17 meses, lo que equivale a 899 denuncias mensuales. En los primeros cuatro meses de 2026, las autoridades estatales reportaron 253 mujeres desaparecidas, un dato que refleja la vulnerabilidad extrema de las mujeres en el estado. Los feminicidios suman 29 casos en el mismo periodo, una cifra que, aunque baja en números absolutos, representa un fracaso del sistema de justicia para proteger a las mujeres.
El decálogo firmado por el gobierno de Alejandro Armenta Mier es un paso en la dirección correcta, pero su efectividad dependerá de los recursos que se destinen a su implementación y de la capacidad del sector salud para actuar como un filtro efectivo de detección y atención temprana. La funcionaria federal May Wejebe Shanahan elogió a Puebla por asumir el compromiso, pero el hecho de que la entidad sea solo la cuarta en firmar el acuerdo plantea una pregunta incómoda: si las cifras son tan alarmantes, ¿por qué no fue de los primeros estados en hacerlo?
La violencia sexual y de género en Puebla no es un problema que se resuelva con un documento. Las cifras muestran que los delitos sexuales y la violencia familiar están lejos de ceder, y que el sector salud, por sí solo, no puede contener una crisis que tiene raíces en la impunidad, la falta de prevención y la debilidad del sistema de justicia. El decálogo es una herramienta, pero sin una estrategia integral que incluya inteligencia policial, persecución efectiva de los agresores y políticas de prevención, las mujeres de Puebla seguirán siendo víctimas de una violencia que el Estado no logra frenar.
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