Rafael Zabalza, detenido como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, es un empresario de origen español que recibió adjudicaciones directas durante el gobierno de Mario Marín Torres (2005-2011). Vecinos del fraccionamiento Santa Fe cuestionan su identidad como el autor de los ataques.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El perfil del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl ha tomado un giro radical. Rafael Zabalza, detenido el 15 de julio en el fraccionamiento Santa Fe, en San Andrés Cholula, no es un delincuente común, si es que lo es. Es un empresario de origen español que, durante el sexenio de Mario Marín Torres (2005-2011), recibió adjudicaciones directas como proveedor de la Secretaría de Salud Estatal, donde el entonces titular, Alfredo Arango García, mantenía una relación de amistad con él. Los señalamientos sobre esta relación circularon en marzo de 2010, en un contexto de opacidad y escándalos de corrupción que marcaron el gobierno de Marín Torres.
La detención de Zabalza ha generado dudas entre los vecinos del fraccionamiento Santa Fe, quienes cuestionan la veracidad de su identidad como el "tirador de la Atlixcáyotl". Para ellos, el empresario no encaja con el perfil de un agresor que durante meses disparó contra vehículos en una de las vialidades más transitadas de Puebla. Zabalza, de origen español y con una trayectoria empresarial vinculada al sector salud, no tiene antecedentes penales conocidos ni un historial de violencia que justifique su presunta participación en los ataques.
El vínculo de Zabalza con el gobierno de Mario Marín Torres despierta cuestionamientos. El sexenio de Marín Torres (2005-2011) estuvo marcado por la opacidad y escándalos de corrupción. La participación de Zabalza como proveedor de la Secretaría de Salud en ese periodo, con cientos de adjudicaciones directas, es sólo un recordatorio que el empresario tenía acceso a círculos de poder que van más allá de su actividad comercial.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado la detención de Zabalza como un éxito en la investigación del "francotirador de la Atlixcáyotl", pero las preguntas sobre su perfil y sus vínculos políticos persisten. ¿Cómo es posible que un empresario con una trayectoria comercial y política establecida haya decidido convertirse en un tirador anónimo que atacaba vehículos al azar? ¿O acaso su detención está relacionada con otros intereses no revelados?
El caso de Rafael Zabalza es un recordatorio de que detrás de los titulares sobre violencia y seguridad en Puebla, a menudo hay historias más complejas que involucran a personajes con vínculos políticos y económicos. La FGE deberá demostrar con evidencia contundente que Zabalza es el autor de los ataques, y no solo un chivo expiatorio en un caso que ha mantenido en psicosis a la ciudadanía durante meses.
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