La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que la suspensión otorgada al gobernador Samuel García Sepúlveda en la controversia constitucional 386/2026 no paraliza el juicio político que le inició el Congreso de Nuevo León. La medida cautelar impide su separación o inhabilitación, pero permite que el procedimiento legislativo continúe. Morena anunció que impugnará la resolución del máximo tribunal.
CDMX — La confrontación entre el Poder Ejecutivo estatal y el Legislativo local en Nuevo León derivó en una intervención inédita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorgó una suspensión al gobernador Samuel García Sepúlveda para blindarlo provisionalmente de una eventual separación del cargo o inhabilitación política. Sin embargo, la ministra responsable de la medida salió este miércoles a precisar que el amparo no congela el juicio político promovido por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, por lo que el procedimiento puede seguir su curso mientras el máximo tribunal resuelve el fondo de la controversia.
“Se aclara que la suspensión concedida no paraliza el procedimiento de juicio político correspondiente. Por tanto, las autoridades competentes podrán continuar con la sustanciación y trámite del expediente respectivo”, señaló la ministra a través de su cuenta en la red social X. La aclaración llegó luego de que el martes se diera a conocer que la Corte había frenado cautelarmente cualquier intento de separar del cargo al mandatario nuevoleonés, lo que generó interpretaciones encontradas sobre el alcance de la decisión judicial.
La ministra justificó la medida cautelar como un acto estrictamente jurídico, desprovisto de intención política, cuyo propósito es preservar la materia del juicio constitucional en tanto se analiza el fondo de la controversia 386/2026. La funcionaria citó los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, así como el precedente de la controversia constitucional 249/2024, para sostener que la suspensión cumple con los requisitos legales sin afectar las atribuciones del Congreso local para continuar con el expediente.
El juicio político contra Samuel García fue impulsado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, en un contexto de creciente tensión entre el gobernador emecista y la mayoría legislativa afín a otros grupos políticos. La suspensión concedida por la Corte impide, por ahora, que se ejecuten sanciones que dejarían al estado sin su titular, pero la aclaración de la ministra deja claro que las etapas procesales del juicio —incluidas las comparecencias, los desahogos de pruebas y las votaciones en el pleno legislativo— pueden avanzar sin contratiempos.
La postura de la Corte generó reacciones inmediatas en el ámbito nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ministra explicar con claridad los alcances de la resolución, mientras que Morena anunció que impugnará el fallo del máximo tribunal. El partido oficialista consideró que la suspensión otorgada a García Sepúlveda representa un exceso de la Corte al invadir atribuciones del Congreso local, aunque la aclaración ministerial buscó acotar el alcance de la decisión y deslindarla de cualquier sesgo político.
El caso abre un nuevo frente en las relaciones entre los poderes estatales y la Suprema Corte, en un año pre electoral donde los juicios políticos se han convertido en una herramienta de disputa entre facciones. Mientras el Congreso de Nuevo León mantiene en marcha el expediente contra el gobernador, la Corte deberá definir en los próximos meses si la controversia constitucional tiene fundamento para invalidar definitivamente el procedimiento legislativo o si, por el contrario, la suspensión solo fue un paréntesis jurídico en un proceso que ya está en marcha.
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