La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Gobierno federal pretenda censurar a los medios de comunicación mediante los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y sostuvo que, si esa hubiera sido la intención de su administración, ya habría utilizado los instrumentos legales disponibles.
Expediente: Regulación de la expresión pública en México
CDMX — "¿Cómo vamos a querer censurar? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal. No lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción", afirmó durante su conferencia matutina.
Las declaraciones se producen mientras continúa la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre el anteproyecto de lineamientos, cuyo contenido ha generado cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional, organizaciones de la industria, legisladores y defensores de la libertad de expresión, quienes advierten que algunas disposiciones podrían incentivar la autocensura o generar discrecionalidad en la interpretación de los contenidos informativos.
La mandataria sostuvo que la discusión debe centrarse en garantizar el derecho de las audiencias a recibir información y negó que exista un propósito de controlar las líneas editoriales de los medios. Como ejemplo, recordó que en gobiernos anteriores —afirmó— era común que desde el poder se solicitara el despido de conductores o se ejercieran presiones económicas sobre empresas de comunicación, prácticas que aseguró no forman parte de su administración.
Sheinbaum también respondió a los señalamientos formulados por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), al recordar que esa organización participó en las mesas de trabajo de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y respaldó el texto finalmente aprobado por el Congreso. No obstante, reconoció que los lineamientos elaborados por la CRT constituyen un instrumento distinto y que precisamente por ello fueron sometidos a consulta pública.
La Presidenta identificó como el punto más controvertido el relacionado con las multas y el procedimiento sancionador, por lo que defendió que ese aspecto pueda revisarse durante la consulta abierta hasta el 21 de agosto. Según explicó, el objetivo del proceso es recibir observaciones que permitan perfeccionar el proyecto antes de su eventual aprobación.
En ese contexto, defendió además el papel de la conferencia matutina como un mecanismo para ejercer el derecho de réplica frente a publicaciones con las que el Gobierno no coincide. A su juicio, este espacio permite presentar la versión oficial cuando considera que determinada información es falsa, incompleta o no refleja las acciones de la administración federal.
Las declaraciones de Sheinbaum incorporan un nuevo elemento al debate nacional. Mientras especialistas y concesionarios centran sus objeciones en los posibles efectos jurídicos de los lineamientos, el Ejecutivo sostiene que no existe voluntad política de censurar y que el proceso de consulta pública constituye precisamente la vía para corregir los aspectos que generen mayor controversia. Con ello, la discusión comienza a desplazarse desde el contenido técnico del anteproyecto hacia un debate más amplio sobre el equilibrio entre libertad de expresión, derechos de las audiencias y facultades regulatorias del Estado.
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