La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel en Intercam y BBVA Bancomer por operaciones inusuales. La FGR lo señaló como líder de la red de huachicol fiscal tras un rechazo inicial del juez Mario Elizondo Martínez, quien el 22 de junio negó 23 órdenes de aprehensión por falta de fundamentación. La Fiscalía reformuló su acusación, agregó a Ruffo y a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, y obtuvo las capturas.
CDMX — El cerco financiero y judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se ha intensificado en las últimas semanas con el bloqueo de sus cuentas bancarias y su inclusión como líder de la organización criminal dedicada al huachicol fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló al menos dos cuentas a nombre de Ruffo en el banco Intercam y una en BBVA Bancomer ante la probable existencia de operaciones inusuales, en una acción que complementa la investigación que ya ha llevado a su detención y la de su socio Ricardo Thompson Navarro, mientras el accionista mayoritario José Merino Valdés Cuervo continúa prófugo.
El camino judicial hacia la captura de Ruffo Appel no fue lineal. De acuerdo con información publicada por Reforma, hace un mes la Fiscalía General de la República solicitó 23 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de esta red de huachicol fiscal, pero en esa primera judicialización no incluyó al exgobernador panista. El juez de carrera Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, negó las aprehensiones el 22 de junio de 2026 dentro de la causa penal 219/2026, al estimar que la Fiscalía no había fundamentado adecuadamente sus "inferencias" sobre la participación de los imputados.
El revés judicial obligó a la FGR a reformular su estrategia. El pasado lunes 20 de julio, la Fiscalía volvió a presentar la solicitud de las mismas órdenes de captura, pero con dos adiciones significativas: incluyó a Ruffo Appel como líder de la organización criminal y agregó a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos y de Lambrucar, empresas supuestamente implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados. La Fiscalía había identificado a Treviño Sepúlveda como un eslabón clave en la cadena financiera de la red, encargado de canalizar los recursos obtenidos del contrabando de combustible a través de empresas fachada.
El juez Elizondo Martínez, quien ya había emitido órdenes de aprehensión en el caso de los militares implicados en la Aduana de Matamoros, aceptó esta vez las nuevas solicitudes de la FGR. La detención de Ruffo Appel en Ensenada el jueves 16 de julio fue el resultado visible de esta segunda oleada de mandamientos judiciales, que incluyó también la captura de Thompson Navarro y, más tarde, de otros implicados en la red. La negativa inicial del juez, sin embargo, reveló que la Fiscalía había tenido que reforzar su teoría del caso para convencer al tribunal de que existían elementos suficientes para vincular a Ruffo con la organización.
Las cuentas en Intercam y BBVA Bancomer a su nombre fueron congeladas ante la detección de patrones de operación que, según las autoridades, no se correspondían con la actividad económica declarada de Ruffo. Este movimiento, que se suma al análisis financiero que ya había revelado movimientos por más de 3,075 millones de pesos en 80 cuentas bancarias nacionales, podría ser utilizado por la FGR para sustentar la acusación de delincuencia organizada y contrabando, delitos que implican no solo la operación logística del combustible sino también el manejo de los recursos derivados de la actividad ilícita.
La figura de Treviño Sepúlveda, agregada en la segunda solicitud de órdenes, sugiere que la red de Ruffo Appel tenía ramificaciones financieras que iban más allá de la simple importación y distribución de combustible. Mapror de Hidrocarburos y Lambrucar, las empresas vinculadas a Treviño, habrían participado en la dispersión de recursos mediante pagos simulados, una práctica que las autoridades suelen asociar con el lavado de dinero y la ocultación de los beneficiarios finales de las operaciones ilegales. La Fiscalía no ha detallado aún la naturaleza exacta de los vínculos entre estas empresas e Ingemar, pero la inclusión de Treviño en el expediente apunta a una red corporativa más extensa de lo que se había documentado inicialmente.
La historia judicial del caso Ruffo Appel, con un primer rechazo y una segunda solicitud que sí prosperó, refleja la complejidad de las investigaciones por huachicol fiscal. El juez Elizondo Martínez, al exigir una fundamentación más sólida, obligó a la FGR a elevar el nivel de sus pruebas y a precisar el rol de Ruffo dentro de la organización. La estrategia de la Fiscalía de regresar con un liderazgo claramente atribuido al exgobernador y con un nuevo imputado en la cadena financiera demuestra que las investigaciones de alta complejidad requieren ajustes constantes y que el poder judicial puede actuar como un filtro que exige rigor probatorio. La comparecencia de Ruffo y los demás detenidos en las próximas audiencias definirá si este segundo intento de la FGR se traduce en un proceso judicial sólido o si, como ocurrió en el primer intento, las defensas logran desmontar las "inferencias" de la acusación.
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