El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quedó en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en desaparición forzada vinculada con los 43 normalistas de Ayotzinapa. La FGR sostiene que ordenó ocultar y destruir videos relacionados con los hechos de 2014.
CDMX — El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de la investigación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en Iguala durante septiembre de 2014.
Durante la audiencia inicial, realizada en el Centro de Justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló la imputación contra el exmandatario, detenido la mañana del jueves sobre la carretera México-Querétaro. La defensa solicitó que la medida cautelar se cumpliera mediante arraigo domiciliario, argumentando su edad y condiciones de salud, pero el juez determinó que no estaban acreditados los requisitos legales para conceder esa modalidad.
Aguirre Rivero llegó a la sala de audiencia en silla de ruedas y recibió valoración médica dentro del centro penitenciario debido a complicaciones relacionadas con hipertensión y deterioro físico. Durante la diligencia, inicialmente se reservó su derecho a declarar. Posteriormente manifestó su pesar por los hechos sufridos por los estudiantes, reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones y afirmó: “Yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.
La imputación de la FGR se sustenta, entre otros elementos, en declaraciones de Blanca “N”, exvisitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina “N”, quien encabezaba entonces el Poder Judicial estatal. Según esos testimonios, el 29 de septiembre de 2014 fue entregado al gobernador un disco óptico con grabaciones de las cámaras exteriores del Palacio de Justicia.
La Fiscalía sostiene que al día siguiente Aguirre Rivero convocó a colaboradores cercanos, entre ellos el entonces procurador estatal Iñaki Blanco, para ordenar presuntamente la ocultación y destrucción de ese material. La audiencia continuará el 11 de agosto; el juez deberá resolver a más tardar el 12 de agosto si existen elementos para vincularlo a proceso.
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