Alejandro Armenta afirmó que, según la Fiscalía de Puebla, 90% de los alcaldes que se han separado del cargo son constructores y buscan beneficiarse de la pavimentación. También cuestionó obras realizadas en administraciones municipales.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La obra pública municipal volvió al centro del debate político en Puebla luego de que el gobernador Alejandro Armenta afirmara que existe una práctica mediante la cual algunos presidentes municipales buscan beneficiarse directamente de los contratos de construcción durante sus administraciones.
De acuerdo con el mandatario, información atribuida a la Fiscalía General del Estado de Puebla señala que 90 por ciento de los alcaldes que se han separado de su cargo son constructores y tendrían como objetivo quedarse con ganancias derivadas de la pavimentación de calles. Armenta no precisó los nombres ni los expedientes en los que se sustenta ese porcentaje.
El gobernador también cuestionó la promesa del exalcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez de pavimentar mil calles durante su trienio y contrastó esa cifra con las obras reportadas posteriormente mediante módulos de maquinaria. Según Armenta, durante 2025 se realizaron 5 mil calles, aunque no detalló el método utilizado para contabilizarlas ni presentó en sus declaraciones la documentación correspondiente.
El señalamiento adquiere mayor dimensión porque, según la crítica planteada, el problema no terminaría con la separación de algunos alcaldes. En municipios como Huauchinango, persisten señalamientos sobre exfuncionarios y actores vinculados con administraciones municipales que buscarían mantener influencia sobre la asignación de obra pública.
Entre las prácticas cuestionadas aparece también el facturerismo entre alcaldes, mediante el cual un gobierno municipal podría facturar trabajos realizados por otro. La acusación más grave apunta a la posible facturación de obras y servicios inexistentes. De comprobarse mediante auditorías o investigaciones ministeriales, estas prácticas representarían un posible uso irregular de recursos públicos y responsabilidades administrativas o penales.
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