CDMX — El argumento es distinto al tema de las audiencias, pero el dilema democrático vuelve a aparecer.
En su mañanera, Sheinbaum planteó que las plataformas deben ser discutidas ante los riesgos que representan para niñas, niños y adolescentes, particularmente por la exposición a contenidos violentos y sexualizados. Pero evitó plantear, al menos de inicio, una decisión unilateral del Gobierno y propuso una discusión entre familias, jóvenes, empresas, partidos políticos y autoridades.
El especialista Ravi Iyer, exdirectivo de Meta e investigador de la Universidad del Sur de California, introdujo una variable especialmente relevante: el problema no estaría únicamente en el contenido disponible, sino en la manera en que los algoritmos deciden qué contenido mostrar y a quién mostrárselo.
Las plataformas, explicó, están diseñadas para maximizar indicadores como clics, comentarios, interacción y tiempo de permanencia. El problema surge cuando aquello que genera mayor interacción no coincide con aquello que beneficia al usuario.
La pregunta deja entonces de ser solamente qué puede publicar una persona.
Se convierte en otra mucho más difícil: ¿quién decide qué información aparece primero frente a cada ciudadano?
Ahí comienza una nueva frontera de la libertad de expresión.
Porque una plataforma no necesita prohibir una información para reducir su alcance. Basta con modificar el mecanismo que determina qué ve el usuario, durante cuánto tiempo y con qué frecuencia.
Eso significa que el debate sobre la libertad digital podría trasladarse progresivamente del contenido al algoritmo.
Sheinbaum reconoció implícitamente esa dificultad al señalar que ordenar directamente a las empresas qué contenidos o algoritmos deben modificar podría ser interpretado como censura. Por eso propuso una discusión colectiva.
La cautela es pertinente.
Pero también plantea una pregunta que no puede quedar fuera del debate: ¿qué ocurrirá cuando esa discusión colectiva termine convirtiéndose en una regulación obligatoria?
La experiencia con los derechos de las audiencias demuestra que la frontera entre proteger al ciudadano y otorgar facultades regulatorias al Estado puede ser extraordinariamente delgada.
El objetivo de proteger a los menores resulta difícilmente cuestionable. Los datos expuestos por Iyer sobre exposición no deseada a contenido sexual, afectaciones al sueño y uso excesivo de dispositivos justifican una discusión pública seria.
Pero una cosa es regular las condiciones de seguridad de una plataforma y otra muy distinta otorgar al poder político capacidad para determinar qué contenidos son suficientemente violentos, sexuales, dañinos, falsos o descontextualizados para permanecer o desaparecer del circuito de recomendación.
La distinción será fundamental.
Porque un algoritmo que protege a un menor de contenido sexual explícito puede ser una herramienta de protección. Pero un algoritmo diseñado o supervisado por una autoridad para reducir la exposición de los ciudadanos a determinadas opiniones políticas puede convertirse en una forma de censura mucho más sofisticada que la prohibición directa.
Ya no habría necesariamente una orden de “no publiques”.
Podría existir algo mucho más difícil de detectar:
“Publica, pero nosotros decidiremos quién lo verá”.
Ese escenario merece atención precisamente porque la discusión mexicana llega en un momento en que el poder político también está cuestionando la manera en que las redes sociales distribuyen contenidos críticos.
Por eso ambos debates deberían observarse conjuntamente.
Por un lado, el Gobierno discute reglas para determinar qué información pueden transmitir radio y televisión bajo criterios de veracidad, contexto y derechos de las audiencias.
Por otro, comienza a plantear reglas para las plataformas digitales y sus algoritmos.
Son problemas diferentes, pero existe un punto común: quién tendrá la autoridad para establecer las reglas mediante las cuales los ciudadanos reciben información.
Y ahí la consulta pública adquiere verdadero sentido. No basta con preguntar si queremos proteger a los menores. Prácticamente todos estarán de acuerdo.
Hay que preguntar cómo.
¿Quién define qué es contenido dañino? ¿Quién audita los algoritmos? ¿Quién puede revisar sus criterios? ¿Serán las empresas, organismos autónomos, universidades, especialistas independientes o funcionarios públicos?
¿Habrá transparencia sobre los sistemas de recomendación?
¿Podrá un ciudadano saber por qué determinado contenido le fue mostrado o dejó de ser mostrado?
¿Existirá un mecanismo para impugnar decisiones automatizadas?
Y, sobre todo:
¿cómo impedir que una regulación diseñada para proteger a los menores termine convirtiéndose en una herramienta para administrar la conversación pública?
La respuesta debería construirse antes de aprobar cualquier regulación.
La protección de niñas, niños y adolescentes no debe utilizarse como argumento para entregar al Estado un poder indefinido sobre los contenidos. Pero tampoco la defensa de la libertad de expresión puede convertirse en una excusa para que empresas privadas mantengan sistemas de recomendación capaces de explotar deliberadamente las vulnerabilidades de los menores.
Hay un equilibrio posible.
Pero requiere algo que hasta ahora ha faltado en buena parte de esta discusión: transparencia, auditoría independiente y reglas que también limiten al regulador.
La verdadera prueba será sencilla de formular y difícil de responder:
Si el Gobierno quiere que los algoritmos sean transparentes, ¿estará dispuesto a que sus propias decisiones regulatorias también sean auditadas y transparentadas?
Porque el problema del futuro no será solamente quién puede hablar.
Será quién decide qué escuchamos, qué vemos, qué aparece primero y qué termina desapareciendo de nuestra pantalla.
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