CDMX — El dato, por sí solo, no invalida el ejercicio. Una consulta pública no es necesariamente una encuesta y no requiere, para existir jurídicamente, representar estadísticamente a toda la población. Su propósito es abrir un mecanismo de participación para que personas, organizaciones, especialistas y sectores afectados presenten observaciones.
Pero precisamente por eso resulta relevante conocer qué ocurrió con esas 8 mil 500 participaciones: quiénes participaron, qué plantearon, cuáles fueron sus principales coincidencias y desacuerdos y, sobre todo, qué modificaciones incorporará el Gobierno a partir de ellas.
La propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, añadió un elemento significativo al reconocer que los lineamientos “se quedaron cortos” y plantear que el debate debe continuar.
La declaración modifica el escenario.
Si la propuesta todavía resulta insuficiente para la autoridad encargada de la política interior, entonces la consulta no debería convertirse en el punto final de la discusión, sino en el comienzo de una deliberación más amplia.
Y aquí aparece una cuestión fundamental para cualquier regulación que pretende defender los derechos de las audiencias: las audiencias no pueden convertirse únicamente en destinatarias de derechos definidos desde arriba. También deberían tener capacidad real para discutir cómo se construyen esos derechos y qué mecanismos se utilizarán para hacerlos efectivos.
El Gobierno ha defendido que los lineamientos buscan garantizar información veraz, plural, clara y oportuna. También ha insistido en que no pretenden censurar opiniones ni establecer una verdad oficial.
Precisamente por eso debería existir el máximo nivel de transparencia sobre el proceso.
¿Cuántas personas participaron como ciudadanos? ¿Cuántas fueron organizaciones, empresas, especialistas o concesionarios? ¿Cuántas propuestas fueron aceptadas? ¿Cuántas rechazadas? ¿Qué argumentos sustentaron las decisiones?
Y hay una pregunta todavía más importante:
¿qué entiende el Gobierno por una consulta suficientemente amplia cuando está regulando derechos que corresponden a millones de personas?
La respuesta no puede ser simplemente el número de participantes.
Debe estar en la calidad, trazabilidad y transparencia del proceso.
Si 8 mil 500 personas participaron y sus aportaciones producen una regulación mejor, el ejercicio habrá cumplido una parte importante de su propósito.
Si participaron miles pero sus propuestas terminan archivadas sin explicación, la consulta habrá sido principalmente un mecanismo formal.
Y si la propia Secretaría de Gobernación considera que la propuesta “se quedó corta”, existe una oportunidad para hacer algo todavía más ambicioso: ampliar la discusión antes de cerrar definitivamente las reglas.
Porque si el Gobierno exige a los medios distinguir entre información, opinión y publicidad, y reclama mayor rigor para quienes informan a la sociedad, debería aceptar exactamente el mismo estándar para sí mismo.
¿Cuántas voces fueron escuchadas? ¿Qué se modificará a partir de ellas? ¿Qué se descartó y por qué?
Ese es ahora el verdadero examen de la consulta.
El Gobierno ya tiene el número: 8 mil 500 participantes.
Ahora falta conocer algo mucho más importante:
¿qué hará con lo que esos 8 mil 500 dijeron?
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