La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y las listas de medios y periodistas presentadas por Luisa María Alcalde están dejando de ser exclusivamente un debate sobre radio y televisión, periodismo y redes sociales. Detrás de las disposiciones sobre veracidad, información descontextualizada, defensores de las audiencias y sanciones económicas aparece una pregunta política más profunda: ¿qué hace el poder cuando descubre que ya no puede controlar la conversación pública?
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la disputa por el relato político ocupó un lugar central. La confrontación entre “el pueblo” y “los conservadores”, entre quienes respaldaban la transformación y quienes la cuestionaban, permitió construir una narrativa política con enorme capacidad de penetración.
El problema para el oficialismo es que esa conversación dejó de ser unilateral.
Las redes sociales multiplicaron los emisores, los documentos comenzaron a circular fuera de los canales institucionales y una nueva generación de ciudadanos aprendió a contrastar versiones. El Gobierno invierte grandes cantidades de dinero público para conservar su capacidad de comunicación, pero ya no controla la interpretación de todo lo que ocurre.
En ese contexto adquieren especial relevancia las revelaciones atribuidas a dos fuentes que habrían participado o tenido conocimiento directo de reuniones privadas relacionadas con la nueva regulación de los medios electrónicos. De acuerdo con esa versión, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, habría planteado que determinados medios y comunicadores serían especialmente afectados por el nuevo esquema regulatorio.
La información no puede presentarse como un hecho comprobado: procede de fuentes reservadas y no existe, hasta ahora, un documento público que permita acreditar esas conversaciones. Pero sí plantea una hipótesis que puede contrastarse con el contenido de los propios lineamientos.
La hipótesis es sencilla y políticamente relevante: la presión sobre los medios no tendría que ejercerse mediante una prohibición directa de publicar. Podría producirse mediante sanciones, procedimientos administrativos, judiciales, y costos económicos suficientemente altos para que los propietarios de los medios terminen tomando decisiones editoriales preventivas.
Ese mecanismo tendría una consecuencia particularmente delicada: la autocensura.
Un Gobierno no necesita ordenar “no publiques esto” si consigue que el medio piense que publicar determinada información puede resultar demasiado costoso. Tampoco necesita despedir directamente a un periodista si logra que el propietario considere más conveniente dejarlo solo frente a una eventual sanción.
Por eso el debate sobre los defensores de las audiencias adquiere una importancia extraordinaria. Si esa figura debe proteger los derechos de quienes reciben información, su independencia frente al poder resulta indispensable.
La pregunta es inevitable: ¿quién los designa?, ¿qué grado de autonomía tendrán?, ¿quién puede revisar sus decisiones?, ¿qué autoridad determina cuándo una información es falsa o descontextualizada?, ¿qué criterios utilizará?, ¿y quién asumirá finalmente el costo de una sanción?
Las respuestas deberían estar en la ley y en los lineamientos, no en acuerdos políticos privados.
Hay además un problema conceptual. El Gobierno puede sostener que no pretende censurar. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho expresamente. Pero la democracia no puede depender exclusivamente de las intenciones declaradas de quienes ejercen el poder.
Las instituciones deben diseñarse para impedir abusos incluso cuando cambie el gobierno.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a determinar si la Cuarta Transformación quiere o no censurar. La pregunta más seria es otra: ¿puede el nuevo modelo regulatorio producir efectos de censura o autocensura aun cuando la autoridad niegue esa intención?
Y existe una segunda pregunta todavía más incómoda.
¿Qué ocurre cuando la información que el Gobierno considera falsa, descontextualizada o perjudicial resulta posteriormente cierta?
¿Qué sucede cuando un periodista cuestiona un dato oficial y posteriormente una auditoría demuestra que el dato gubernamental era incorrecto?
¿Qué ocurre cuando una investigación periodística revela información que una autoridad preferiría que no se conociera?
La respuesta democrática debería ser inequívoca: la obligación del Estado es demostrar, no imponer, la verdad de sus propias afirmaciones.
Esto conecta directamente con el reto planteado por Región Global a José Luis García Parra: si el Gobierno considera que la información veraz es un derecho de las audiencias, ¿acepta publicar puntualmente los estados financieros trimestrales del Gobierno de Puebla para que puedan ser revisados y auditados por los ciudadanos?
El reto no es retórico. Es una prueba de consistencia.
Porque exigir veracidad a los medios mientras la información gubernamental permanece bajo los controles del propio poder produciría una asimetría evidente: el Estado se convertiría simultáneamente en proveedor de información, árbitro de su veracidad y autoridad sancionadora.
Ese es precisamente el escenario que una democracia constitucional debería evitar.
Quizá por eso el verdadero conflicto que está emergiendo no sea entre Gobierno y medios. Sea entre un poder que necesita conservar su capacidad de definir el relato y una sociedad que dispone cada día de más herramientas para contrastarlo.
Las redes sociales hicieron imposible que el poder controlara todos los emisores. La inteligencia artificial puede hacer todavía más difícil controlar la interpretación individual de la información.
El ciudadano del futuro inmediato no necesariamente preguntará solamente qué dijo el Gobierno o qué publicó un medio. Podrá preguntar: ¿qué documentos existen?, ¿qué versiones se contradicen?, ¿qué datos pueden comprobarse?, ¿quién está diciendo la verdad y por qué?
Aquí comienza una disputa distinta.
Ya no se trata únicamente de controlar lo que la sociedad escucha.
Se trata de controlar —o impedir— la capacidad de la sociedad para contrastar lo que escucha.
Y cuando el poder empieza a preocuparse más por identificar a quienes difunden una narrativa incómoda que por explicar las razones que la hicieron posible, quizá el problema ya no sea la existencia de una conspiración.
Quizá el problema sea que la realidad dejó de obedecer al relato.
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