El debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha sido presentado por el Gobierno como una discusión sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Pero en México la discusión no puede ocurrir al margen de la realidad que enfrenta el periodismo crítico: investigar, publicar y cuestionar al poder tiene consecuencias económicas, políticas y judiciales.
El problema, por tanto, no consiste únicamente en saber si la regulación pretende o no censurar. La pregunta de fondo es otra: ¿qué ocurre cuando la autoridad que posee capacidad sancionadora también adquiere facultades para determinar cuándo una información es falsa, descontextualizada o insuficientemente sustentada?
La respuesta no depende solamente de la intención declarada por los funcionarios. En una democracia, los controles al poder deben diseñarse precisamente porque ningún gobierno debería depender de su propia promesa de no abusar de ellos.
La libertad de expresión tampoco se reduce a que un periodista pueda hablar. Existe libertad efectiva cuando puede hacerlo sin que el ejercicio de ese derecho implique una amenaza desproporcionada de sanciones, litigios, represalias o pérdida de sus medios de subsistencia.
Por eso resulta insuficiente responder a las críticas diciendo que el Gobierno no pretende censurar. El problema democrático aparece cuando se construyen mecanismos capaces de producir autocensura, incluso sin necesidad de ordenar directamente el silencio como ocurre en México.
Un medio puede dejar de publicar una investigación no porque alguien se lo haya prohibido, sino porque el costo potencial de hacerlo resulte demasiado alto. Puede ocurrir por amenazas, un procedimiento administrativo, una demanda, una campaña de desprestigio o cortar su recursos y patrocinios. La censura moderna no necesariamente necesita cerrar una redacción; puede conseguir que una redacción deje de atreverse.
Y México conoce una realidad todavía más grave. El ejercicio periodístico enfrenta además agresiones, violencia y muerte contra comunicadores. En ese contexto, cualquier ampliación de los instrumentos de control sobre los contenidos debe analizarse con un nivel de escrutinio particularmente elevado.
La discusión tampoco puede convertirse en una defensa corporativa de los medios. Los periodistas pueden equivocarse, manipular, omitir información o presentar opiniones como hechos. Deben ser cuestionados y sometidos al escrutinio público. Lo que no puede aceptarse es sustituir el pluralismo por un árbitro oficial de la verdad.
La democracia tiene un mecanismo mucho más robusto: contrastar. Frente a una información incorrecta debe existir otra información que la desmienta; frente a una opinión, otra opinión; frente a una investigación, la posibilidad de responder y aportar documentos. El ciudadano debe poder decidir después de escuchar versiones distintas.
El verdadero derecho de las audiencias, llevado hasta sus últimas consecuencias, debería ser precisamente ese: tener acceso a una conversación pública plural, no a una verdad administrada desde el poder.
Porque si el poder consigue definir qué información puede considerarse válida, el problema deja de ser exclusivamente jurídico. Se convierte en una cuestión de poder político.
Y cuando el poder comienza a decidir qué puede decirse, el ciudadano deja de ser el juez de la información para convertirse en su receptor.
Ésa es la frontera que México debe cuidar. No porque todos los medios tengan razón. No porque toda crítica sea verdadera. Sino porque una sociedad libre necesita conservar el derecho a equivocarse, disentir, investigar y contradecir al poder sin pedirle autorización al poder para hacerlo.
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