Un gran jurado federal en Minnesota acusó a Christopher A. Bravo Marín, empleado de una empresa de transferencia de dinero, por conspirar para lavar al menos $750,000 en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El acusado utilizó su puesto para eludir controles antilavado y enviar fondos a líderes del cártel en México. El caso forma parte de la ofensiva del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional contra el narcotráfico transnacional.
EE.UU. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una acusación formal contra Christopher A. Bravo Marín, de 46 años y nacionalidad mexicana, por su presunta participación en una red de lavado de dinero al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el comunicado oficial, Bravo utilizó su puesto en una empresa de transferencia de dinero con sede en Minnesota para canalizar al menos 750.000 dólares en ganancias del narcotráfico hacia líderes del cártel en México. El acusado fue arrestado el 24 de agosto por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y compareció este martes ante un juez magistrado en Minneapolis.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
Según la acusación, Bravo se aprovechó de su conocimiento de las políticas de cumplimiento de su empleador para evadir los controles contra el lavado de dinero. Estructuraba las transferencias en montos ligeramente inferiores a los $1,000, el umbral que obliga a las empresas a verificar la identidad de los clientes. Además, creaba nombres de remitentes falsos y falsificaba firmas en los recibos de confirmación, según informó el Departamento de Justicia. Por cada transferencia, Bravo recibía entre $40 y $50 de los miembros de una célula de distribución del CJNG en Minnesota.
El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza intergubernamental establecida por la Orden Ejecutiva 14159 para eliminar cárteles y organizaciones criminales transnacionales. La acusación llega en un momento de máxima presión de Washington contra el CJNG, que también ha sido blanco de operativos militares en México y de advertencias directas de la DEA a funcionarios corruptos que lo protegen. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva declaró: "Los cárteles dependen de intermediarios financieros para asegurar que sus líderes en México reciban las ganancias de los atroces crímenes que perpetran aquí en Estados Unidos".
El comunicado del Departamento de Justicia subraya que la División Penal ha hecho de la eliminación del lucro del crimen una prioridad, y que no solo los líderes de los cárteles, sino también sus facilitadores financieros, serán perseguidos con todo el peso de la ley. El caso Bravo Marín es el último eslabón de una ofensiva más amplia contra el CJNG que incluye operativos en territorio mexicano y la amenaza de nuevas acusaciones contra funcionarios públicos. El mensaje de Washington es contundente: el CJNG no tiene refugio, ni en México ni en Estados Unidos.
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