La FGR ampliará su capacidad de vigilancia digital con tecnología estadounidense capaz de monitorear hasta 1,500 objetivos y relacionar comunicaciones, redes sociales y ubicación mediante IA. El avance abre preguntas sobre privacidad y controles.
CDMX — El Gobierno de Estados Unidos prepara la entrega a México de un sistema de vigilancia digital destinado a ampliar la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para intervenir y procesar comunicaciones, en un momento en que crece el debate sobre privacidad, inteligencia artificial y vigilancia estatal.
De acuerdo con un aviso de probable adjudicación publicado por el Departamento de Estado estadounidense, la tecnología será proporcionada por PenLink y tendrá capacidad para dar seguimiento simultáneo hasta a 1,500 objetivos que utilicen redes 3G, 4G, 5G y futuras, incluyendo llamadas, mensajes SMS, MMS y comunicaciones de datos.
El sistema será instalado en 140 estaciones de trabajo de la FGR, particularmente en la Unidad de Cuerpo Técnico de Control de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La plataforma puede recopilar información en tiempo real y utilizar herramientas de inteligencia artificial para relacionar llamadas, mensajes, actividad en redes sociales y datos de localización, con el propósito de identificar información relevante durante investigaciones.
El documento estadounidense establece además que el sistema deberá ser interoperable con plataformas utilizadas por agencias de seguridad de Estados Unidos, con el objetivo de facilitar el intercambio de evidencia digital e inteligencia durante investigaciones criminales y procesos penales conjuntos.
La cooperación incluye también herramientas para rastrear operaciones con criptomonedas. Estados Unidos prevé donar a nueve dependencias federales y estatales mexicanas la plataforma Reactor, de Chainalysis Government Solutions, capaz de analizar transacciones realizadas a través de distintas cadenas de bloques.
El costo de esta segunda herramienta será de 1.21 millones de dólares durante dos años. Según el Departamento de Estado, alrededor de 50 funcionarios mexicanos han sido certificados desde 2024 para utilizar la plataforma.
La ampliación de estas capacidades plantea una discusión que va más allá de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.
La pregunta central es qué controles independientes acompañarán a una tecnología capaz de procesar comunicaciones y relacionar grandes volúmenes de información personal.
La intervención de comunicaciones requiere autorización legal. Pero la dimensión tecnológica abre interrogantes adicionales: quién puede consultar los datos obtenidos, cuánto tiempo pueden conservarse, quién audita su utilización y qué mecanismos existen para detectar abusos o accesos indebidos.
También queda abierta una cuestión especialmente relevante para periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y ciudadanos que mantienen comunicaciones sensibles: ¿qué ocurre cuando una herramienta destinada a investigar a un objetivo termina capturando información de personas que no lo son?
La tecnología puede convertirse en una herramienta extraordinariamente poderosa contra el crimen organizado. Precisamente por eso necesita controles igualmente poderosos.
En una etapa en la que México debate simultáneamente la regulación de contenidos, los algoritmos, la inteligencia artificial y los derechos de las audiencias, la ampliación de las capacidades estatales de vigilancia agrega una nueva dimensión al debate sobre información, privacidad y libertad.
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