La FGR detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar SA de CV, empresa vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en operaciones de comercio exterior con declaraciones falsas de hidrocarburo. La imputada compareció por videoconferencia ante un juez federal con sede en el Altiplano, y se suma a ocho imputados más en el caso, entre ellos Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro y el accionista mayoritario prófugo José Merino Valdés Cuervo.
CDMX — La Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar SA de CV, y la puso a disposición de un juez federal con sede en el Altiplano. La detención ocurre cuatro meses después de que Hernández Hinojosa fuera designada apoderada legal de la empresa, el 6 de marzo de 2026, en medio de la investigación que ya había comenzado tras el aseguramiento de 15.5 millones de litros de combustible y 129 carrotanques en Coahuila, en julio de 2025. La imputada compareció anoche por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
El Ministerio Público Federal señaló que Hernández Hinojosa "habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados". La investigación también establece que la apoderada participó en actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de Ingemar, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades documentales, promoviendo actuaciones para su liberación y regularización.
Hernández Hinojosa fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de Ingemar, circunstancia que, de acuerdo con la FGR, le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa. Su detención confirma la hipótesis documentada por especialistas en julio, quienes advirtieron que otorgar poderes amplios a empleados de rango medio cuando una empresa enfrenta investigaciones constituye una práctica para intentar proteger a los verdaderos responsables. La contadora originaria de Hidalgo, antes de incorporarse a Ingemar, trabajó en labores contables para una tienda de ropa para dama.
Con esta detención, el caso Ingemar suma nueve imputados sujetos a proceso penal. Además de Hernández Hinojosa, se encuentran procesados el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel; su socio Ricardo Thompson Navarro; Juan Hermilo Chávez Rodríguez; Guillermo de la Peña Rosales; José María de la Peña Ramos; Luis Antonio Barrientos Juárez; Adriana Magali Bárcenas Guillén; y José Merino Valdés Cuervo, quien es el accionista mayoritario de Ingemar y continúa prófugo. Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, y enfrenta cargos por delincuencia organizada y contrabando.
El caso Ingemar se originó con el aseguramiento de 15.5 millones de litros de combustible y 129 carrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, considerado por la FGR como uno de los mayores decomisos relacionados con huachicol fiscal durante la actual administración. La red, según las investigaciones, utilizaba ferrotanques para introducir combustible desde Texas mediante declaraciones falsas, subdeclaración de volúmenes y evasión de impuestos. La FGR ha estimado un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos, aunque el exgobernador Ruffo Appel enfrenta actualmente una acusación por un daño de 166 millones de pesos.
La detención de Hernández Hinojosa ocurre en el contexto de una ofensiva federal que ha documentado redes de huachicol fiscal en al menos nueve estados del país. La Fiscalía continúa con las investigaciones para localizar a José Merino Valdés Cuervo, accionista mayoritario de Ingemar, así como para determinar si existen más personas involucradas en la red de contrabando de combustible que operaba desde las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. La imputación de la apoderada legal representa un paso más en el desmantelamiento de una estructura que, según la FGR, combinaba operaciones logísticas, financieras y corporativas para evadir el pago de impuestos y distribuir combustible ilegal en el norte y centro del país.
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