La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra ocho personas por el delito de secuestro agravado, cometido en junio de 2026 contra dos víctimas que reparaban un vehículo en la carretera Tulancingo-Huauchinango. Se ejecutaron cinco cateos en inmuebles relacionados con los imputados.
HUAUCHINANGO, PUEBLA. — La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) y la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), logró vincular a proceso a ocho personas por su posible participación en el delito de secuestro agravado. Los hechos ocurrieron en junio de 2026, cuando dos víctimas fueron privadas de su libertad mientras reparaban un vehículo en la carretera Tulancingo-Huauchinango, una vía que conecta los estados de Puebla e Hidalgo.
La investigación, que incluyó técnicas de análisis financiero y revisión de líneas de comunicación, permitió a la FGR identificar a los probables responsables y ejecutar cinco órdenes de cateo en inmuebles relacionados con los imputados. Durante estos operativos, fueron detenidos Anaid "N", Xóchitl "N", Luis "N", Carlos "N", Moisés "N", Jesús "N", Valeria "N" y Litzi "N", quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
El delito de secuestro agravado es una de las conductas ilícitas más graves, y la vinculación a proceso de los ocho imputados representa un avance significativo en la investigación. La carretera Tulancingo-Huauchinango, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, ha sido señalada como un corredor donde operan grupos delictivos dedicados a la privación ilegal de la libertad.
La FGR, a través de la FEIDDF y la FEMDH, reiteró su compromiso con las víctimas y con la sociedad para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. En su oportunidad, se informará sobre los avances correspondientes en el proceso judicial.
El caso de los ocho imputados en Huauchinango refleja la capacidad de la FGR para desarticular redes de secuestro en la región, aunque el proceso judicial deberá continuar para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los detenidos.
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