El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, defendió los nuevos derechos de las audiencias bajo una premisa que, en principio, nadie tendría por qué discutir: los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz, oportuna y objetiva. Pero si el poder pretende elevar esa exigencia para los medios, debe aceptar exactamente el mismo estándar cuando se trata de la información que produce el propio Gobierno.
Por eso Región Global plantea a García Parra un reto concreto, público y perfectamente verificable: ¿acepta que el Gobierno del Estado de Puebla publique puntualmente los estados financieros trimestrales que genera su propia administración financiera?
No estamos hablando de pedirle al Gobierno que produzca información nueva. Es información que existe. La pregunta es si está dispuesto a ponerla a disposición de los ciudadanos de manera completa, puntual, accesible y susceptible de ser analizada.
García Parra afirmó que los derechos de las audiencias buscan evitar que datos falsos sean presentados como hechos. Bien. Entonces hay que llevar esa premisa hasta sus últimas consecuencias: ¿quién verifica los datos que proporciona el Gobierno?
¿Quién audita sus cifras de seguridad? ¿Quién comprueba sus indicadores económicos? ¿Quién revisa los avances físicos y financieros de las obras públicas? ¿Quién determina si una estadística está completa o si fue seleccionada entre otras que podrían mostrar una realidad diferente?
Porque una afirmación gubernamental no se convierte en un hecho demostrado simplemente porque provenga de una autoridad. Si un periodista debe contar con elementos suficientes para publicar una información, el Gobierno debería estar dispuesto a proporcionar los documentos que permitan comprobar sus propias afirmaciones.
Hay una pregunta todavía más importante: ¿aceptaría el Gobierno que organismos independientes auditen sus datos y publiquen conclusiones?
La respuesta debería ser sí. Si los datos son sólidos, la auditoría los fortalece. Si existen errores, la transparencia permite corregirlos. Lo que resulta incompatible con una democracia es exigir rigor a quien publican con independencia del poder mientras se pretende que la información oficial sea aceptada como verdad por el simple hecho de proceder de una institución pública.
También está el problema de la información que no se proporciona.
¿Qué ocurre cuando un periodista necesita documentos oficiales para comprobar una investigación y la autoridad no los entrega? ¿Cómo puede exigirse al periodismo una precisión absoluta cuando una parte de la información necesaria para verificar una afirmación permanece bajo control del propio Gobierno?
La transparencia no consiste en publicar boletines. Consiste en abrir las fuentes primarias para que otros puedan comprobarlas.
El mismo principio debería aplicarse a SICOM. García Parra afirmó que el sistema se encuentra entre los diez medios más vistos y escuchados. Es una afirmación que puede y debe comprobarse.
¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el universo de medición? ¿Cuánto cuesta producir esa audiencia? ¿Cuánto dinero público se destina a operación, producción, infraestructura, promoción y redes sociales?
Si el Gobierno exige transparencia a los medios, SICOM tampoco debería quedar fuera del escrutinio.
Y Puebla tiene un antecedente que vuelve indispensable mantener la memoria. La denominada Ley de Ciberasedio fue defendida bajo argumentos relacionados con la protección frente a conductas dañinas en internet y posteriormente terminó invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La lección debería ser clara: una finalidad legítima no convierte automáticamente en constitucional cualquier mecanismo utilizado para alcanzarla.
Por eso la discusión actual no puede reducirse a si el Gobierno dice que quiere censurar o no quiere censurar. Las democracias no deben descansar en las buenas intenciones de quienes ejercen temporalmente el poder. Deben construir controles para impedir que cualquier gobierno pueda abusar de las herramientas que recibe.
García Parra tiene una oportunidad para demostrar que su defensa de la veracidad es universal y no selectiva.
¿Acepta el reto de publicar los estados financieros trimestrales del Gobierno del Estado de Puebla?
¿Acepta publicar completa la información que permita conocer cómo se administran los recursos públicos?
¿Acepta que organismos independientes auditen los indicadores gubernamentales y hagan públicos sus resultados, incluso cuando contradigan al Gobierno?
¿Acepta que periodistas y ciudadanos puedan cuestionar los datos oficiales sin que la contradicción sea presentada como desinformación?
Porque aquí está la diferencia fundamental: un medio puede ser cuestionado por el ciudadano; el Gobierno, además, debe ser fiscalizado por el ciudadano.
Y si el Gobierno considera que la información veraz es un derecho de las audiencias, no debería tener ningún problema en demostrar que practica aquello que exige.
Señor García Parra: el reto está planteado.
Publique los estados financieros trimestrales del Gobierno de Puebla.
No pedimos una interpretación. No pedimos un boletín. No pedimos una explicación política. Pedimos los documentos.
Porque si la verdad debe estar al alcance de las audiencias, también debe estar al alcance de los ciudadanos cuando se trata de saber cómo se administra su dinero.
¿Acepta el reto?
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