La discusión sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias incorporó una nueva voz. El semanario Desde la fe advirtió que la regulación no debe derivar en censura y llamó a equilibrar la libertad de expresión, los derechos de las audiencias y el desarrollo responsable de las nuevas tecnologías.
Expediente: Regulación de la expresión pública en México
CDMX — El debate nacional sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias sumó una nueva voz. El semanario Desde la fe, editado por la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, advirtió que la regulación en discusión no debe abrir la puerta a mecanismos de censura previa ni permitir que una autoridad administrativa determine la "veracidad, legitimidad o aceptabilidad" de las opiniones difundidas por radio y televisión.
El posicionamiento fue publicado en un editorial el 1 de agosto, en el contexto de la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la cual permanecerá abierta hasta el 21 de agosto. El anteproyecto busca establecer reglas para garantizar los derechos de las audiencias mediante defensores, códigos de ética y procedimientos para atender inconformidades relacionadas con contenidos transmitidos por concesionarios de radio y televisión.
A diferencia de otros pronunciamientos difundidos durante los últimos días, el editorial no rechaza la existencia de una regulación sobre los derechos de las audiencias. Por el contrario, reconoce la importancia de contar con mecanismos que fortalezcan esos derechos, pero sostiene que cualquier norma debe respetar plenamente el principio constitucional de la libertad de expresión y evitar que una autoridad pueda impedir anticipadamente la difusión de ideas o información.
El medio también defendió la figura del derecho de réplica como un instrumento orientado a la búsqueda de la verdad, aunque subrayó que su aplicación no debe sustituir el pluralismo ni la diversidad de opiniones que caracterizan a una sociedad democrática. A juicio de la publicación, corresponde también a los ciudadanos ejercer un papel activo mediante la verificación de la información, el discernimiento crítico y la formación de un juicio propio.
El editorial amplió además la discusión hacia los desafíos tecnológicos. Señaló que el desarrollo de las plataformas digitales, los algoritmos y las nuevas tecnologías requiere reglas que garanticen que estas herramientas permanezcan al servicio de la persona humana y no se conviertan en instrumentos de manipulación, polarización o afectación de la dignidad de las personas.
Con este posicionamiento, el debate sobre los lineamientos deja de concentrarse únicamente en el ámbito gubernamental, legislativo, empresarial o académico y comienza a incorporar también perspectivas provenientes de organizaciones religiosas y de la reflexión ética sobre la comunicación pública. La discusión evoluciona así hacia una pregunta de mayor alcance: cómo construir un marco regulatorio que proteja simultáneamente los derechos de las audiencias, la libertad de expresión y el desarrollo responsable de las nuevas tecnologías.
La incorporación de nuevas voces durante la consulta pública confirma que el proceso ha trascendido la elaboración de una norma administrativa para convertirse en un debate nacional sobre los límites de la regulación estatal, las responsabilidades de los medios de comunicación y el equilibrio entre libertad, verdad y bien común en una sociedad democrática.
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