La lógica parecía sencilla: mostrar quiénes son los comunicadores, periodistas, políticos y cuentas que, de acuerdo con la explicación oficial, participan en la circulación de mensajes críticos para exhibir la existencia de una red coordinada.
Pero las redes sociales funcionan con reglas distintas a las de la comunicación política tradicional.
Señalar a una cuenta también puede darle visibilidad.
Una persona que no conocía a determinado periodista puede buscarlo después de verlo incluido en una lista oficial. Un usuario puede preguntarse qué publicó para merecer el señalamiento. Otro puede compartir el contenido cuestionado precisamente porque el Gobierno lo identificó como problemático.
El resultado puede convertirse en un efecto búmeran: la denuncia termina funcionando como publicidad.
En los últimos días, de acuerdo con observaciones realizadas en el propio ecosistema digital, algunos de los periodistas y perfiles incluidos habrían registrado incrementos importantes en seguidores y atención. Ese comportamiento requiere mediciones independientes para determinar su magnitud, pero el fenómeno es suficientemente plausible para plantear una pregunta política: ¿qué obtiene realmente un Gobierno al poner públicamente el foco sobre sus críticos?
La respuesta puede ser incluso contraproducente.
Durante años, la confrontación desde Palacio Nacional permitió colocar a periodistas y medios en el centro de la conversación. El mecanismo tenía una lógica política: identificar adversarios, cuestionar sus intereses y presentar sus críticas como parte de una disputa entre proyectos de nación.
El problema es que las redes sociales transformaron esa dinámica.
Antes, el señalamiento podía significar aislamiento. Ahora puede significar descubrimiento.
La audiencia ya no necesariamente acepta la caracterización que hace el poder de un periodista. Puede acudir directamente a su cuenta, revisar sus publicaciones, comparar sus argumentos y sacar sus propias conclusiones.
Y ahí aparece una de las mayores debilidades de cualquier estrategia de control narrativo: la audiencia no tiene por qué aceptar el veredicto del poder.
Si el Gobierno afirma que determinado comunicador desinforma, la pregunta inmediata de muchos ciudadanos puede ser: “¿qué dijo?”. Si sostiene que existe una red de amplificación, algunos querrán conocer sus contenidos. Si acusa coordinación, otros buscarán comprobarla.
La propia denuncia genera entonces tráfico hacia aquello que pretendía desacreditar.
Esto no significa que toda crítica al Gobierno sea verdadera ni que todos los periodistas señalados tengan razón. Ese no es el punto.
El punto es que la solución democrática a una información falsa no consiste en etiquetar al emisor como enemigo. Consiste en demostrar públicamente el error, aportar documentos, ofrecer datos verificables y permitir que la sociedad compare las versiones.
Hay además una diferencia fundamental entre investigar una campaña coordinada de desinformación y elaborar una clasificación política de periodistas y medios. La primera puede justificarse si existen evidencias verificables. La segunda corre el riesgo de convertirse en una herramienta de estigmatización.
Por eso la pregunta central debería dirigirse al Gobierno:
¿Qué metodología utilizó para construir las listas?
¿Qué criterios determinaron quién entraba y quién quedaba fuera? ¿Qué evidencia demuestra que los actores identificados operan coordinadamente? ¿Qué significa exactamente “amplificar”? ¿Una persona que comparte una publicación forma parte de una estructura? ¿Una crítica coincidente constituye coordinación? ¿Quién auditó las conclusiones?
Y una pregunta todavía más importante:
¿Qué mecanismo permitirá a cualquiera de los señalados defenderse públicamente de la clasificación oficial?
Porque cuando una autoridad coloca una etiqueta sobre ciudadanos, periodistas o medios, el problema ya no es únicamente comunicativo. Es institucional.
El Estado posee una capacidad de amplificación incomparable con la de cualquier ciudadano particular. Una persona señalada desde Palacio Nacional no recibe el mismo impacto que una autoridad que señala a esa persona frente a millones de espectadores.
Por eso el poder tiene una responsabilidad adicional: no convertir la autoridad pública en una máquina de etiquetar adversarios.
Paradójicamente, la propia estrategia puede demostrar que el viejo modelo de comunicación política está perdiendo eficacia.
El poder puede señalar.
Pero ya no puede decidir qué hará la audiencia con ese señalamiento.
Puede presentar una lista.
Pero no puede impedir que millones de personas busquen a los incluidos.
Puede acusar a un periodista de formar parte de una red.
Pero no puede obligar a los ciudadanos a aceptar esa conclusión.
Y puede intentar contener una narrativa.
Pero, en las redes, la atención que genera una acusación puede terminar convirtiéndose en combustible para la narrativa que pretendía combatir.
Quizá por eso la pregunta que deja la lista de Luisa María Alcalde no sea quién ganó la batalla de las redes esta semana.
Es otra:
¿cuántos ciudadanos que nunca habían escuchado a esos periodistas fueron a buscarlos después de que el poder les dijo quiénes eran?
Si la respuesta comienza a ser significativa, la llamada “anatomía del ecosistema” podría terminar revelando algo muy distinto de lo que pretendía demostrar.
Que en la era de las redes sociales, señalar al enemigo puede ser la manera más eficaz de presentárselo a la audiencia.
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