La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1,557 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en nueve municipios de Michoacán para proteger zonas productoras de aguacate, rutas de exportación e inspecciones de Senasica, tras la suspensión de actividades de certificación por parte de Estados Unidos por amenazas a su personal. El operativo busca inhibir extorsiones del crimen organizado.
MORELIA, MICHOACÁN. — Michoacán enfrenta un nuevo episodio de tensión en su industria aguacatera. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el jueves un despliegue militar sin precedentes en la región: mil 557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron distribuidos en nueve municipios del estado para garantizar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, los centros de empaque y las rutas de exportación que conectan la entidad con el mercado estadounidense. La medida responde a la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender las inspecciones de certificación por preocupaciones de seguridad para su personal, una alerta que ha golpeado la principal cadena de valor del estado.
El operativo, coordinado con la 21 Zona Militar, se concentra en Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora, municipios que concentran la mayor producción de aguacate de la entidad. La Defensa informó que el objetivo es proteger huertas y centros de empaque, asegurar vías de comunicación y acompañar los puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), además de inhibir la extorsión a los productores, uno de los problemas más persistentes que enfrenta el sector.
La suspensión de las inspecciones estadounidenses no es un hecho aislado. En febrero de 2022, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos paralizó las actividades después de que uno de sus verificadores recibiera amenazas en Uruapan. La historia se repitió en junio de 2024, cuando dos inspectores estadounidenses fueron retenidos y agredidos durante una protesta en Paracho. La nueva movilización militar, por tanto, no solo busca prevenir una crisis inmediata, sino restaurar la confianza del gobierno estadounidense en un proceso de certificación que es fundamental para la economía michoacana.
La presión del crimen organizado sobre los productores es el telón de fondo de esta crisis. Organizaciones de agricultores y autoridades locales han documentado el cobro de cuotas, las amenazas a empacadoras, el control de rutas de transporte y la extorsión sistemática a toda la cadena de producción y comercialización del aguacate. El aguacate michoacano, que representa la mayor parte de la producción nacional destinada al mercado estadounidense, se ha convertido en un botín para las organizaciones delictivas que ven en el sector una fuente de ingresos millonarios.
El despliegue militar busca desactivar ese control criminal. La Defensa afirmó que el incremento de tropas permitirá fortalecer las operaciones coordinadas con autoridades estatales y municipales para capturar generadores de violencia y desarticular organizaciones delictivas. Sin embargo, el reto es mayúsculo: Michoacán ha sido históricamente un escenario de disputa entre cárteles, y la industria del aguacate, con su peso económico y su conexión binacional, es un activo estratégico que ningún grupo criminal está dispuesto a ceder sin resistencia.
El operativo militar representa un intento del gobierno federal por contener una crisis que trasciende lo local. La reanudación de las inspecciones estadounidenses dependerá de que el gobierno de Estados Unidos perciba condiciones de seguridad suficientes para su personal, lo que convierte el despliegue en un mensaje de garantía. Mientras tanto, la industria del aguacate en Michoacán, que genera miles de empleos y es un pilar de la economía estatal, se mantiene en vilo, a la espera de que la presencia militar logre lo que hasta ahora no ha sido posible: frenar el control del crimen organizado sobre la cadena productiva más valiosa del estado.
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