La muerte de Rommel “N”, interno de 29 años en el penal de San Miguel, en Puebla, fue reportada como un aparente suicidio. Testimonios de reclusos sostienen que se trató de un homicidio, mientras el caso se suma a otros hechos recientes ocurridos en centros penitenciarios del estado.

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La muerte de un interno en el Centro Penitenciario de San Miguel, en la ciudad de Puebla, abrió nuevos cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y gobernabilidad dentro de las cárceles estatales. La versión oficial apunta a un aparente suicidio; sin embargo, testimonios atribuidos a personas privadas de la libertad sostienen que el fallecimiento ocurrió tras una agresión cometida por otros internos.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue identificada como Rommel “N”, de 29 años y de reciente ingreso al penal. Según esos testimonios, habría sido golpeado por un grupo de reclusos presuntamente vinculado con actividades delictivas al interior del centro penitenciario, luego de negarse a realizar pagos ilegales. Las mismas versiones afirman que el cuerpo presentaba múltiples lesiones, además de huellas compatibles con ahorcamiento, por lo que cuestionan la hipótesis de un suicidio.

Las acusaciones también señalan un supuesto encubrimiento por parte de autoridades penitenciarias encabezadas por Jorge Ortiz Delgadillo, director del penal, quien presuntamente reportó el caso como suicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente los resultados de los peritajes ni el avance de las investigaciones. Corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Puebla, dirigida por Idamis Pastor Betancourt, determinar la causa de la muerte y deslindar responsabilidades.

El caso ocurre después de los hechos registrados el 23 de julio en el penal de Tepexi de Rodríguez, donde dos personas privadas de la libertad perdieron la vida. La sucesión de estos episodios mantiene bajo escrutinio el funcionamiento del sistema penitenciario poblano y la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad, investigar los hechos y ofrecer certeza sobre las causas de las muertes ocurridas en los centros de reclusión.

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