El fenómeno de las desapariciones en México acumula más de 110 mil personas ausentes y una crisis forense que mantiene en vilo a miles de familias. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizaciones y expertos coincidieron en que el Estado debe aceptar la cooperación internacional para enfrentar el flagelo. Pese a los avances legales de 2017, persiste un rezago en la aplicación de las normas y en la asignación de recursos para la búsqueda e identificación.
CDMX — El fenómeno de las desapariciones en México se ha convertido en una crisis humanitaria de dimensiones colosales. Desde que el problema comenzó a escalar a principios del siglo XXI, el país ha acumulado más de 110 mil personas desaparecidas, según las cifras oficiales, aunque organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra real podría ser significativamente mayor. Detrás de cada número hay una historia de dolor, una familia que busca respuestas y un Estado que, a pesar de los avances normativos, no ha logrado contener la sangría. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, el debate sobre cómo enfrentar este flagelo volvió a ocupar la agenda pública, con un énfasis renovado en la necesidad de abrir el país a la cooperación internacional.
La cifra de personas desaparecidas en México no es estática. Cada día se suman nuevos casos a una lista que ya parece interminable. Las desapariciones ocurren en todos los rincones del país y afectan a personas de todas las edades, géneros y condiciones sociales, aunque golpean con especial fuerza a las comunidades más vulnerables. El fenómeno tiene múltiples aristas: desapariciones cometidas por el crimen organizado, por fuerzas de seguridad del Estado, y en un creciente número de casos, por particulares que actúan al margen de la ley. Esta complejidad ha convertido a México en uno de los países con la crisis de desapariciones más grave del mundo, solo comparable a escenarios de conflicto armado.
Frente a esta realidad, el Estado mexicano ha construido un andamiaje legal que, en el papel, representa un avance significativo. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, promulgada en 2017, estableció un marco normativo que reconoce la gravedad del problema y crea instituciones específicas para abordarlo, como la Comisión Nacional de Búsqueda y los mecanismos de identificación forense. Sin embargo, la brecha entre la ley y su aplicación práctica sigue siendo abismal. Los recursos asignados a las instituciones de búsqueda son insuficientes, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es deficiente y los familiares de las víctimas enfrentan obstáculos burocráticos que dificultan aún más su ya de por sí dolorosa travesía.
Uno de los debates más espinosos que atraviesa la crisis de desapariciones en México es el de la cooperación internacional. Durante décadas, el discurso oficial ha tendido a ver con recelo la intervención de organismos externos, bajo el argumento de que el escrutinio internacional vulnera la soberanía nacional. Sin embargo, expertos en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y los propios familiares de las víctimas han cuestionado esta postura, señalando que la cooperación técnica y el acompañamiento de instancias como la Organización de las Naciones Unidas no menoscaban la autodeterminación de México, sino que fortalecen las capacidades del Estado para enfrentar un problema que claramente lo desborda. La experiencia de otros países de la región que han aceptado asistencia internacional en materia de desapariciones demuestra que el escrutinio externo puede ser un catalizador para la transparencia y la rendición de cuentas.
El llamado a construir una política pública integral que combine la experiencia de las familias con los diagnósticos técnicos no es nuevo, pero adquiere renovada urgencia ante la persistencia del fenómeno. La búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de cuerpos y la garantía de verdad y justicia no pueden seguir siendo promesas incumplidas. México necesita pasar de los diagnósticos a las acciones concretas, de las leyes a su aplicación efectiva, y de la negación de la cooperación internacional a su aceptación como una herramienta que no amenaza la soberanía, sino que la ejerce de manera responsable. Las familias de las más de 110 mil personas desaparecidas no pueden esperar más. El tiempo corre y la herida sigue abierta.
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