Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa celebraron el proceso contra Ángel Aguirre Rivero, pero exigieron a la FGR ampliar las investigaciones al Ejército, Marina y exfuncionarios federales antes del aniversario número 12 de la desaparición.
CDMX — A poco más de un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familias recibieron la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, como un avance, pero no como el cierre de la investigación. Para los padres y madres, el proceso contra el exmandatario debe abrir nuevas líneas y no reducir lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 a una responsabilidad exclusivamente estatal o municipal.
Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, y Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, coincidieron en exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar las investigaciones pendientes señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Entre ellas, reclamaron profundizar en la posible responsabilidad del Ejército y revisar la actuación de funcionarios federales que tuvieron conocimiento de los hechos.
González Contreras, quien estuvo presente en las audiencias que terminaron con el procesamiento de Aguirre por desaparición forzada, consideró que el exgobernador debía responder por sus omisiones. “Tenía responsabilidad por la omisión que cometió de no llevar a cabo rápido el rescate de los muchachos”, afirmó. Sin embargo, advirtió que los familiares temen que el caso sea presentado como un asunto exclusivamente local.
“Eso es lo que preocupa, que la presidenta diga ‘pues fue un asunto estatal’”, señaló el padre de César Manuel, quien reclamó avances sobre 800 folios y las líneas de investigación relacionadas con el Ejército. También mencionó entre los funcionarios que, desde su perspectiva, deben ser investigados a Omar García Harfuch y Salvador Cienfuegos, además de otros servidores públicos.
Desde Guerrero, Cristina Bautista sostuvo que la investigación debe alcanzar incluso al expresidente Enrique Peña Nieto. “Para que alcancemos la verdad, hay muchas cosas que investigar, muchas personas que tuvieron que ver ahí”, afirmó. La madre de Benjamín insistió en que la desaparición y los ataques de Iguala involucraron distintos niveles de autoridad y pidió que Aguirre “hable” para determinar responsabilidades.
“Que caiga quien caiga, nosotros como madres y padres necesitamos esa verdad”, puntualizó Bautista. Para las familias, el proceso contra Aguirre representa un paso largamente exigido desde 2014, pero la demanda permanece intacta: esclarecer qué ocurrió con los estudiantes, determinar quiénes participaron y establecer responsabilidades más allá de las autoridades de Guerrero y los municipios donde ocurrieron los hechos.
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