Alejandro Armenta coloca el combate al huachicol como frontera entre su gobierno y administraciones anteriores. Al vincular seguridad, recuperación de combustible y obra pública, construye una narrativa de ruptura con el pasado poblano.

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Alejandro Armenta introdujo este lunes una dimensión política distinta en su discurso sobre infraestructura: la obra pública como consecuencia de haber cambiado el modelo de seguridad del estado. El gobernador aseguró que Puebla dejó de ser un estado huachicolero y afirmó que anteriormente el gobierno era cómplice de quienes robaban hidrocarburos.

La frase adquiere peso por el momento y por el destinatario implícito del contraste. Armenta no se limitó a atribuir a su administración una reducción del robo de combustible: construyó una frontera discursiva entre el gobierno actual y los gobiernos anteriores.

La referencia resulta particularmente significativa frente al periodo de Rafael Moreno Valle, cuando el robo de combustible se convirtió en uno de los principales problemas de seguridad de Puebla. Investigaciones periodísticas de aquella época documentaron la presencia de redes de corrupción y la vinculación de funcionarios locales con el fenómeno; incluso la detención en 2015 de mandos policiales relacionados con el Triángulo Rojo derivó en la renuncia del entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas.

El propio Moreno Valle, ya fuera del gobierno estatal, sostuvo en 2017 que el robo de combustible correspondía al ámbito federal y que los ductos eran responsabilidad de Pemex. Para entonces, el huachicol ya había colocado a Puebla en el centro nacional de la crisis por robo de combustibles; Pemex incluso rescindió contratos a gasolineras de municipios del denominado Triángulo Rojo.

Sobre ese antecedente, Armenta construye ahora una narrativa de ruptura. El dato que utiliza como evidencia es el aseguramiento de 2 millones de litros de combustible, operación que presenta como una aportación recuperada para Pemex.

La operación discursiva va más allá de seguridad. Armenta conecta el combate al huachicol con la capacidad de realizar obra: menos robo, recuperación de recursos, coordinación con Pemex y mayor capacidad para pavimentar.

Así, el gobernador intenta convertir uno de los episodios más problemáticos de la historia reciente de Puebla en un argumento de legitimación para su administración. No sólo dice que el problema cambió; sostiene que cambió también el gobierno que lo enfrenta.

La disputa, por tanto, no es únicamente sobre el huachicol. Es sobre quién puede apropiarse políticamente del relato de haber cerrado aquella etapa.

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