La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla reporta 6,936 unidades renovadas y 43.81% del padrón sustituido, mientras reconoce que persisten prestanombres y una brecha de 2,338 vehículos sin reemplacar por adeudos pendientes.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El transporte público de Puebla, calificado durante años como el tercero peor del país, atraviesa un proceso de modernización que el gobierno estatal presenta como un parteaguas frente a más de una década de abandono. La cifra oficial es contundente: 6,936 unidades renovadas en lo que va de la administración, cuando en años anteriores el recambio anual apenas alcanzaba entre 200 y 300 vehículos. Pero junto a ese dato de avance, la propia autoridad admitió la persistencia de prácticas que el discurso oficial dice haber erradicado.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que el padrón vehicular del transporte público asciende a 22,749 unidades, de las cuales 20,411 ya fueron reemplacadas. La diferencia —2,338 vehículos— corresponde, según explicó, a permisionarios y concesionarios con adeudos pendientes, principalmente por fotomultas, que no han podido completar el trámite. Es aquí donde el discurso de modernización técnica se cruza con una realidad que la funcionaria reconoció sin rodeos: existen todavía concesionarios que, en sus palabras, "siguen poniendo a la esposa, al hijo, al vecino, a la muchacha como titulares de la concesión", una práctica de prestanombres que dijo seguir generando conflictos entre transportistas.
Tanús defendió que el proceso de sustitución vehicular corresponde ya al 43.81% del padrón, cifra que ella misma tradujo en 84% al acotarla a las unidades modelo 2023-2027, un total de 5,826 vehículos financiados con esfuerzo propio de los concesionarios y con apoyo estatal para quienes, dijo, "han demostrado probidad en la prestación del servicio". La funcionaria negó de manera directa cualquier acto de corrupción bajo su gestión —"no hemos cometido ningún acto ilícito", afirmó— y emplazó a quien tuviera pruebas de lo contrario a presentarlas ante las autoridades correspondientes, sin que la conferencia ofreciera evidencia documental que respalde ese señalamiento cruzado entre el discurso de transparencia y las prácticas irregulares que la misma funcionaria describió.
El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó la gestión de Tanús al sostener que el otorgamiento de concesiones dejó de depender de "la voluntad política de quien gobernaba" para basarse en un diagnóstico técnico coordinado por el académico Abraham Quiroz. Armenta afirmó que su gobierno renunció a un ingreso ordinario estimado en 150 millones de pesos al no convertir la modernización del transporte en un esquema recaudatorio, y anunció que el programa de apoyo a la renovación vehicular, con una bolsa de 200 millones de pesos este año, se mantendrá con el mismo monto en 2027. El mandatario también reconoció que existen concesiones canceladas por abandono que su administración ha decidido reactivar cuando el concesionario presenta una unidad 2026, una política que, dijo, busca reincorporar a la legalidad a quienes antes operaban al margen de ella, aunque sin precisar cuántos casos se han reactivado bajo ese criterio.
El resultado es un proceso de modernización con cifras de renovación que superan por mucho el ritmo histórico, pero que convive con un reconocimiento oficial de que el modelo de prestanombres y las concesiones familiares no han desaparecido del todo, y con una diferencia de más de dos mil vehículos que documenta, en los propios términos de la autoridad, el punto donde el discurso de transparencia y la práctica cotidiana del transporte concesionado todavía no terminan de coincidir.
Fuente: Conferencia de Prensa (Mañanera de Puebla), Gobierno del Estado de Puebla.
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