La policía estatal de Puebla dedica el 76.4% de sus efectivos a labores de reacción y solo el 1.1% a prevención, mientras la percepción de inseguridad alcanza el 81.3% y el reclutamiento de nuevos policías cayó de 580 a 7. El gasto de 3,465 millones de pesos no reduce la inseguridad.

Mexconomy — La seguridad pública en Puebla no funciona. No porque falte presupuesto —el estado destinó 3,465 millones de pesos a sus corporaciones policiales en 2025, el décimo mayor gasto del país—, sino porque el modelo está diseñado para reaccionar, no para prevenir. El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026 del INEGI es implacable: de los policías estatales con grado, el 76.4% se dedica a labores de reacción, mientras que apenas el 1.1% realiza funciones de prevención y el 5.9%, de proximidad social. Este es el retrato de una corporación que espera el delito para actuar, en lugar de impedir que ocurra.

Los resultados de este enfoque son predecibles. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2026 reporta que el 81.3% de los poblanos considera insegura su ciudad, una cifra 21.5 puntos por encima del promedio nacional. Los conflictos y enfrentamientos se dispararon 11.5 puntos en un trimestre, y la ciudad ocupa los primeros lugares nacionales en percepción de inseguridad. La policía de reacción no disuade; solo llega cuando el daño ya está hecho. La falta de prevención y de proximidad social genera un círculo vicioso: más delito, más miedo, menos denuncia y menos confianza en las instituciones. En 2025, Puebla reportó solo 3,129 puestas a disposición de personas, una cifra baja que sugiere subdenuncia y desconfianza ciudadana en el sistema de justicia.

La debilidad estructural del modelo se refleja también en la formación policial. Los ingresos a programas de formación inicial para policías cayeron drásticamente: de 580 en 2024 a solo 7 en 2025. El estado no está reclutando nuevos elementos, lo que anticipa un envejecimiento de la corporación y una menor capacidad operativa en los próximos años. Las deserciones, que en 2024 eran cero, subieron a 14 en 2025, y el personal fallecido alcanzó 21 elementos, el quinto lugar nacional. La seguridad en Puebla no solo es ineficaz: es costosa en vidas y en recursos. El presupuesto de 3,465 millones de pesos, que representa el 3.2% del gasto nacional en seguridad estatal, no se traduce en resultados porque está mal orientado.

La ausencia de una unidad de proximidad social (Puebla es una de las pocas entidades que no la tiene, según el CNSPE) y la baja inversión en prevención explican la brecha entre el gasto y la percepción. Mientras la policía se concentra en reaccionar a emergencias —con 631,547 llamadas al 911 en 2025—, la ciudadanía sigue sintiéndose desprotegida. La dependencia de la Guardia Nacional para atender enfrentamientos y robos en carreteras (todos los reportados en Puebla fueron atendidos por la GN, no por policías estatales) revela la incapacidad local para garantizar la seguridad en zonas críticas.

La seguridad es un pilar del desarrollo económico. Mientras la percepción de inseguridad se mantenga en niveles tan altos, la inversión no llegará, el empleo formal no se recuperará y la economía poblana seguirá atrapada en la precariedad. El gobierno de Alejandro Armenta presume de obra comunitaria y tractores, pero los datos del INEGI muestran que el modelo de seguridad pública está fracturado. Puebla necesita una reforma policial que priorice la prevención, la proximidad social y la confianza ciudadana. Sin eso, el gasto en seguridad será solo un gasto, nunca una inversión en bienestar.

Puebla: Seguridad

Fuentes: INEGI. Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026 (datos de 2025); INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), segundo trimestre de 2026; INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. Elaboración propia con base en datos oficiales.
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